La mayoría de la oposición, en contra del alza de impuestos a la venta de casas usadas

Vender una vivienda en 2014 o esperar a 2015 puede esconder una diferencia de miles de euros a raíz de la supresión de ambos coeficientes y penalizará, sobre todo, a las casas adquiridas antes de 1995, ya que estos inmuebles se podían aplicar las dos bonificaciones fiscales. Imagine que compró su vivienda en el año 1989 por 12.000 euros (dos millones de pesetas de entonces) y su precio de mercado actual asciende a 300.000 euros. Si vende la casa el 31 de diciembre de 2014 pagará en IRPF 45.483 euros, mientras que si decide traspasarla al día siguiente, la factura del Fisco ascenderá a 72.800 euros. Miles de euros en cuestión de horas.

La corrección monetaria se aplicaba para eliminar el efecto de la inflación sobre la revalorización del precio de los activos inmobiliarios, con el objetivo de que en caso de vender una vivienda comprada hace años el contribuyente tributase solo por la plusvalía «real» generada. Los coeficientes de abatimiento, por su parte, reducían aún más la factura fiscal para la venta de aquellos bienes patrimoniales (tanto acciones como viviendas) comprados antes del 31 de diciembre de 1994. Estos instrumentos se calculaban sobre la plusvalía generada entre esta fecha y el 19 de enero de 2006.

En el debate en el Congreso de la reforma fiscal celebrado el pasado 8 de octubre, el propio grupo Popular admitió que la enmienda contra la supresión de ambas figuras estaba siendo «muy repetida por todos los grupos parlamentarios», como señaló la diputada Ana Madrazo. Entre los argumentos esgrimidos por las distintas formaciones políticas de la oposición para pedir el mantenimiento de los coeficientes, destacan la inseguridad jurídica que genera el fin de estos coeficientes así como el perjuicio que puede causar sobre los que menos tienen. «Esta medida afecta sobre todo a las rentas bajas y medias, puesto que los grandes patrimonios utilizan instrumentos fiscales sofisticados para evitar dichas plusvalías», considera el Partido Socialista.

Desde UPyD, en el caso del fin de la corrección monetaria, lamentan que, al dejar de corregirse la subida de los precios por la inflación, se vayan a gravar «plusvalías ficticias». Ello, en su opinión, provocaría una ruptura respecto a los países de nuestro entorno e introduce «gravísimas distorsiones en el mercado inmobiliario». CiU, destaca que en la actualidad muchas ventas de inmuebles se dan por las «necesidades de liquidez» por lo que abogan por anular la subida de impuestos.

«Además de la inseguridad jurídica que esta supresión genera, lo cierto es que puede afectar con intensidad a contribuyentes con rentas modestas y cuyo único patrimonio es la vivienda», argumenta Izquierda Plural.

Desde Hacienda recuerdan que los coeficientes de abatimiento, que rebajaban los impuestos un 11,1% anual sobre las plusvalías generadas por la venta de vivienda usada a partir del segundo año de la compra, ya fueron eliminados con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Entonces se mantuvieron para los que adquirieron su casa antes de 1995. Por ello, desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro entienden que este régimen era transitorio y que con su eliminación se iguala el tratamiento fiscal de todos los contribuyentes y no se genera inseguridad jurídica

La mayoría de expertos consultados también se opone a la supresión de ambas bonificaciones fiscales, sobre todo en el caso de la corrección monetaria, ya que penaliza al ahorro y desanima a la inversión. En este sentido, Hacienda justifica el fin de esta bonificación fiscal por la baja inflación actual.

Eso sí, el actual proyecto de ley de reforma fiscal mantiene algunas excepciones. No tributarán los contribuyentes mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual ni aquellos que utilicen la plusvalía para la reinversión en otra casa en la que residan. Asimismo, la rebaja de tipos en el IRPF, se defiende Hacienda, puede compensar e incluso beneficiar a aquellos que compraron su vivienda hace dos o tres años en el más que improbable caso de que sus viviendas se hayan apreciado bastante en este periodo.

Ante el inminente castigo fiscal, las transacciones de pisos de segunda mano se dispararon un 22,6% en agosto respecto al mismo mes de 2013, pese a que las operaciones en apartamentos nuevos, a los que no afecta la reforma fiscal en este punto, se hundieron un 17% durante el mismo periodo. En conjunto, según el Consejo General del Notariado, las ventas de viviendas aumentaron un 13,9% en el octavo mes del año y los precios bajaron un 8,6%, una tendencia que podría ir a más hasta final de año.