Arturo Fernández, el empresario que tenía más vidas que un gato

Su proceso de declive aún no ha terminado. A fecha de hoy y hasta las próximas elecciones, sigue al frente de la patronal madrileña tras haber obtenido el apoyo mayoritario de sus miembros , aunque no le quedará más remedio que dimitir en unos meses. Fernández, que convocará comicios adelantados, no se considera culpable «de nada». Esta semana declaraba que considera «injusto» que se le haya acusado desde los medios porque no fue advertido de cuál era el uso de las tarjetas cuando se la entregaron en la entidad bancario. «Cuando se pide el DNI y se refleja en todos los sitios, es un poco difícil que sea opaca», ha alegado.

El empresario, sin embargo, no dudó en hacer uso de la tarjeta de empresa para gastos personales. Fernández cargó un total de 37.326 euros al banco, una cantidad que ya ha devuelto . Entre los movimientos efectuados, encontramos que desembolsó 9.400 euros en sus propios restaurantes de la cadena Arturo Cantoblanco. También utilizó la tarjeta en la Nochevieja de 2010 para realizar compras en El Corte Inglés .

La vinculación con Bankia le traído varios disgustos. Su cargo de consejero en la entidad financiera le ha valido la imputación por aprobar unas cuentas mal formuladas y dar el visto bueno a la catastrófica salida a Bolsa.

Por otro lado, su imagen como empresario hecho a sí mismo desde los 17 años de edad empezó a tambalearse tras hacerse pública la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de pagos en negro y mediante sobres los complementos salariales a sus empleados . Ya entonces, en febrero de 2013, Fernández anunció que se tomaría «un tiempo de reflexión» en la CEOE. Sin embargo, finalmente no cesó en su cargo. Hasta el pasado miércoles. El caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha dejado casi agonizante al ya ex número dos de la patronal.

Donde también se ha producido su declive ha sido en su imperio empresarial. Su principal compañía, el catering Grupo Cantoblanco, presentaba concurso de acreedores el pasado agosto . Previamente, Fernández se había visto obligado a vender la mitad de su negocio por 50 millones de euros.

Las irregularidades en las retribuciones a sus empleados han terminado por pasarle factura. La investigación del caso le ha cerrado muchos puertas. Meses después, el Congreso decidía no renovar la concesión con su catering. Lo mismo le ha ocurrido con otros centros de trabajo como varios hospitales públicos, el Teatro Real o Ifema. En la ruptura de estos contratos también ha influido la situación económica del grupo: a Fernández no solo le acechan los problemas jurídicos, también los ecónomicos por las elevadas pérdidas y deudas.