El Gobierno gestionará las autopistas en quiebra aplicando una quita del 50%

La propuesta de convenio recoge una quita del 50% de la deuda, así como el pago en un plazo de 30 años, según han indicado a EFE fuentes del Ejecutivo. A partir de ahora se abre un plazo de 30 días para negociar el convenio de acreedores, que se suma al que ayer presentó en el mismo juzgado la sociedad concesionaria de la R-3 y de la R-5, en concurso desde octubre de 2012 con una deuda de 665 millones de euros.

Según ha insistido en numerosas ocasiones la ministra de Fomento, Ana Pastor, la intención es que la solución para las autopistas de peaje en concurso de acreedores tenga un coste cero para los ciudadanos. El pasado miércoles, en el Pleno del Congreso, Pastor vinculó la mala situación que atraviesan las autopistas a la caída del tráfico y a la situación concursal en la que se encuentran algunas concesionarias y cifró en 2.300 millones el sobrecoste derivado de las expropiaciones.

A la espera de que el juez se pronuncie sobre ambas propuestas de convenio, la intención del Gobierno es seguir el mismo procedimiento en el resto de los concursos. Y es que, en las negociaciones con las partes se acordó unificar en un solo procedimiento los concursos de acreedores que se están tramitando actualmente.

En el marco del proceso para la búsqueda de una alternativa que resolviese esta situación, el Gobierno había planteado a banca y concesionarias una quita del 50% de la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emitiese bonos a 30 años con la garantía de Seittsa y con una rentabilidad mínima del 1 %. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron entonces que esta rentabilidad podría incrementarse hasta el 1,9 %.

En las conversaciones con los ministerios de Fomento, de Hacienda y de Economía también se había abordado cómo y quién iba a comprar la deuda que tienen contraída los bancos extranjeros con las sociedades concesionarias en concurso de acreedores. Sobre la mesa estaba aplicar también una quita del 50 %.

La intención de los bancos pasaba por que el Banco de España liberase las provisiones realizadas por las autopistas, así como la estructuración de la financiación en varios tramos, siendo de 646 millones el de deuda nueva por la compra del pasivo de la banca extranjera. Desde la banca se reclamaba también que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4 %.

En los nueve primeros meses del año, y dentro de las autopistas con problemas, la AP-41 entre Madrid y Toledo redujo su tráfico un 43 %, seguida de la R-5 (13,6 %); R-2 (6,8 %); R-3 (5 %); R-4 (3 %) y la Circunvalación de Alicante (0,1 %). Los crecimientos se registraron en la AP-36 entre Ocaña-La Roda (4 %); AP-7 entre Cartagena-Vera (3,2 %) y el Eje Aeropuerto (1,9 %).