Jenaro García paga 600.000 euros con la cuenta de Luxemburgo y evita la prisión

Fuentes jurídicas han informado de que el pasado sábado se hizo efectiva la transferencia que la mujer del fundador de Gowex, Florencia Maté, ordenó el pasado 17 de julio desde una cuenta del Banco Popular de Luxemburgo por importe equivalente a la fianza fijada por el magistrado.

Asimismo, Maté transfirió el resto del dinero depositado en esa cuenta, que según ella misma confesó rondaba los cinco millones de euros, para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional. Pedraz dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros a García el pasado 14 de julio, después de interrogarle en una comparencia en la que el principal imputado del caso reconoció haber estado falseando las cuentas de Gowex durante la última década.

El juez le dio en un principio 15 días para depositar la fianza, pero finalmente decidió ampliar este plazo hasta hoy a petición del fundador de la empresa de redes wifi. Una vez que ya ha prestado esa cantidad, el juez ha acordado retirarle el pasaporte, prohibirle abandonar el territorio nacional y obligarle a comparecer mensualmente en el Juzgado, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción.

Por otra parte, las fuentes consultadas han explicado que el socio de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, aún no ha pagado los 200.000 euros de fianza que le fijó el juez el pasado 18 de julio para no ir a la cárcel. De no hacerlo antes de esta medianoche, el juez ordenará mañana su ingreso en prisión.

En total, el magistrado mantiene a nueve personas imputadas en esta causa: Jenaro García y su mujer, la ex-consejera Florencia Maté; Díaz Villanueva; el director financiero Francisco Martínez Marugán, que el pasado viernes evitó su ingreso en prisión al pagar 50.000 euros de fianza, y cinco testaferros.

Todos ellos están imputados por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas y otros relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado la personación en la causa en la que se investiga el falseamiento de las cuentas de Gowex de cinco asociaciones y ocho inversores y accionistas que ejercerán la acusación contra el expresidente de la compañía de wifi Jenaro García y el resto de imputados en la causa.

En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 admite a trámite las querellas interpuestas por el sindicato Manos Limpias, la Asociación Transparencia y Justicia, el Partido de los Perjudicados por las Preferentes (PPPR), la Asociación Europea de Inversiones Profesionales (Asinver) y Activa Gowex Asociación de Afectados aunque les impone la obligación de actuar bajo una misma representación letrada que deberán designar en un plazo de 15 días.

Los cinco colectivos podrán ejercer la acusación popular en el procedimiento aunque únicamente contra los nueve imputados, ya que el juez ha rechazado sus peticiones para dirigir la acción penal contra otras personas, como la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, o dos auditores de la firma M&M.

Además, Pedraz acepta la personación de ocho inversores y accionistas que habrían resultado perjudicados por la "cotización engañosa" del precio de la acción de Gowex y que también tendrán que ponerse de acuerdo para nombrar a un mismo procurador y abogado.

Dos de ellos, Luis Ramos Nombela y Alfonso Martín Quereda, adquirieron, respectivamente, 22.880 y 1.004,57 euros en acciones de la compañía el pasado 2 de julio, después de que se conociera el informe de la consultora Gotham que destapó el escándalo. Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos realizaron su compra aprovechando la "precipitada tenencia bajista del valor" y las "evidentes dudas en el mercado" que generó este informe.

El instructor también ha rechazado la personación en la causa de cuatro trabajadores de Gowex Wireless en Sevilla, al considerar que la mera condición de empleado de la compañía "no supone como tal perjuicio alguno procedente del delito" ni en este procedimiento se está investigando "un delito contra el derecho de los trabajadores".