El arriesgado «plan B» de Argentina para salir del «default» y evitar la bancarrota

El Gobierno argentino ha agotado el plazo de 30 días dictado por el juez Griesa para alcanzar un acuerdo con los fondos buitre («holdouts» en inglés). Estos reclaman el pago de 1.500 millones de dólares en mora desde el «corralito» de 2001. Argentina alega que al negarse a las peticiones de los fondos buitre se protege realmente del «default» o suspensión de pagos. Después de los canjes de 2005 y 2010 en los que el 92% de los acreedores aceptaron quitas de hasta el 65%, Kirchner y sus secuaces temen que los demás accionistas exijan ahora las mismas condiciones arrastrando al país a una bancarrota total.

Además, el ministro de Economía, Alex Kiciloff, defiende que ya habían depositado 539 millones de dólares que no llegaron a manos de los acreedores que aceptaron reestructuración. La Justicia estadounidense ha bloqueado el pago a los acreedores de buena fe hasta que Argentina no pague los 1.500 millones de dólares que reclaman el otro 7% de bonistas.

Kirchner insiste en que no pueden pagar porque supondría ir en contra de sus leyesMientras, el Gobierno de Kirchner planea ganar tiempo hasta el 31 de diciembre, fecha en la que expira la cláusula RUFO. Esta norma dictamina que los acreedores de los anteriores canjes pueden reclamar un pago equitativo si otros bonistas reciben mejores condiciones. Kirchner se ha agarrado, en su otra vertiente, a la necesidad de cumplir la cláusula al asegurar que no pueden pagar a los fondos buitre porque supondría ir en contra de sus propias leyes.

Otra de las posibles soluciones para el país austral residiría en la compra de bonos argentinos por parte de una entidad financiera privada. De hecho, el estadounidense JP Morgan estaría negociando con los fondos buitre la adquisición de estos títulos, según una información de «The Wall Street Journal». La propia Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) ya lo había intentado esta semana. La compra de estos bonos conllevaría la posibilidad de solicitar una medida cautelar para desbloquear el depósito efectuado para los acreedores que se acogieron a los canjes.

De esta dos opciones, la primera, aunque muy arriesgada por el daño que supondrá a la economía real y por el riesgo de fracasar, ha sido la elegida por el país, que ha antepuesto lo que considera un mal menor a otro mucho mayor. Las verdaderas intenciones del Gobierno de Kirchner consisten en ganar tiempo hasta final de año: entonces Argentina podrá respirar aliviada al evitar la posibilidad de entrar en lo que ellos consideran el verdadero «default» .

Pese a ello, conviene no olvidar que Argentina no saldrá indemne incluso en el caso de que saliera adelante su «plan B». El «default» temporal, acarreará consecuencias graves para la economía. Entre ellas, la imposibilidad de acceder al mercado de capitales extranjero; una inflación aún mayor, fuga de inversores y caída de las reservas del Banco Central.

También cabe la posibilidad de que Argentina no se libre de pagar lo que debe de aquí al 31 de diciembre. Los bonistas de buena fe podrían reclamar ahora el pago íntegro ante la imposibilidad de cobrar los 539 millones de dólares acordados para antes del 30 de julio.