Las cuentas desmontan que Cataluña sea la perjudicada
Si se opera con las cifras per cápita, se revela que son los madrileños los que más aportan - abc
desafío secesionista

Las cuentas desmontan que Cataluña sea la perjudicada

Hacienda ha publicado las balanzas fiscales para demostrar la equidad que las rige y que las diferencias son salvables

mikel buesa
Actualizado:

España es un país que se desparrama tradicionalmente en las controversias territoriales y malgasta en ellas buena parte de su energía política para dañar su capacidad de concordia nacional. Tales controversias han resurgido con fuerza en tiempos recientes, azuzadas por unos nacionalismos periféricos sorprendentemente acompañados desde la izquierda y, lo que es peor, también por algunos líderes regionales de la derecha que creen haber encontrado en ellas el velo encubridor de sus derroches o su desgobierno.

Tales controversias toman las más de las veces los asuntos económicos y financieros como motivo de los agravios, magnificando sus dimensiones y haciendo de ellos el casus belli del narcisismo de la pequeña diferencia. Esta semana, con buen criterio, el Ministerio de Hacienda ha publicado las Cuentas Públicas Territorializadas para poner las cosas en su sitio y mostrar que, persistiendo como persisten ciertas desigualdades entre los españoles de una u otra región, éstas son comparativamente menores y, desde luego, perfectamente manejables si existiera la voluntad política de arreglarlas. Me temo, sin embargo, que entre unos medios de comunicación no siempre versados en temas contables, y unos políticos dispuestos a enmarañar el debate, tales cuentas no han logrado, de momento, su propósito. Y tal vez por ello convenga explicar sus aspectos más notorios.

Metodología empleada

Comenzaré diciendo que estas Cuentas son el resultado de una aportación metodológica muy valiosa, elaborada por los profesores De la Fuente, Barberán y Uriel, que permite integrar en un único sistema la actividad financiera del conjunto de las Administraciones Públicas -y por tanto reflejar la distribución territorial de los ingresos y gastos del Estado, las Comunidades y las Corporaciones Locales- y calcular los saldos fiscales de manera que pueden desagregarse en todos sus componentes.

Una metodología que, en definitiva, va más allá del mero cálculo de los recursos que entran o salen de una región -como se ha hecho en las balanzas fiscales hasta ahora publicadas- para responder a la cuestión de si ésta se encuentra o no equitativamente tratada con respecto a las demás. No tienen por ello sentido las críticas que se han desgranado desde el gobierno catalán tildando de «sospechoso» el cálculo del Ministerio de Hacienda y me temo que su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha restado con ello varios puntos a su prestigio académico.

Las Cuentas arrancan de una estimación de los saldos fiscales regionales poniendo de relieve que unas pocas Comunidades Autónomas - Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana- tienen unas cifras negativas que compensan las positivas de las demás. En los medios se ha dado mucho vuelo a los valores absolutos de esos saldos, destacando por su tamaño los de Madrid y Cataluña en el lado negativo, y el de Andalucía en el positivo. Pero ello da una visión engañosa porque tales cifras son abultadas por el simple hecho de que es en esas regiones donde hay más habitantes. Si se opera con las cifras per cápita, entonces se revela que son los madrileños los que más aportan, pero detrás de ellos no están los catalanes sino los baleares; y también que por delante de los andaluces están como receptores de los flujos interregionales los residentes de otras siete regiones.

El enfado de la presidenta andaluza con la publicación de estas Cuentas tal vez se hubiera trocado si sus asesores le hubieran advertido de esta circunstancia. Pero lo más relevante es que los saldos fiscales se encuentran relacionados con el nivel de riqueza material de las regiones españolas, de modo que, en general, los saldos son positivos o negativos para las de menor y mayor renta por habitante, respectivamente.

Dicho de otra manera, existe un razonablemente alto grado de equidad en la distribución de los saldos fiscales. Hay, eso sí, algunas excepciones que escapan a esta regla: por un lado, Navarra y el País Vasco tienen saldos positivos a pesar de estar entre las tres regiones de mayor renta; y por otro, la Comunidad Valenciana presenta una situación deficitaria cuando su renta está por debajo de la media nacional. Otro caso excepcional es el de Ceuta y Melilla debido a que estas dos ciudades autónomas registran el mayor superávit por habitante, lo que se explica porque su situación geográfica hace anormalmente caros los servicios públicos que se prestan en ellas, a la vez que están en el origen de la menor presión fiscal que experimentan sus habitantes.

Origen de los saldos fiscales

El estudio del Ministerio de Hacienda se extiende también por el análisis del origen de los saldos fiscales de cada territorio, destacando en primer lugar que, en el promedio nacional, un poco más de dos tercios de esos saldos se debe a la aplicación a los españoles de un mismo sistema tributario formado por impuestos estatales, autonómicos y locales que tratan casi por igual a todos ellos, haciendo que los que tienen una renta más elevada soporten una presión fiscal más alta con independencia del lugar donde residan; y a la inversa, lo mismo ocurre con la menor presión fiscal que recae sobre las personas de renta más menguada. Digámoslo de otra manera: dos tercios de las diferencias en los saldos fiscales interregionales se generan en unos tributos que tratan con equidad al conjunto de los habitantes de España.

El sistema impositivo trata casi por igual a todos los españoles. Ello es así porque persisten algunas diferencias territoriales de poca importancia, salvo en cuatro casos. El primero, lo he señalado antes, es el de Ceuta y Melilla, donde la singularidad impositiva compensa el carácter periférico de ambas ciudades. Y lo mismo ocurre en las Islas Canarias, de manera que nadie sensato debiera discutir esta particularidad regional. Pero los que sí son controvertidos son los otros dos casos, Navarra y el País Vasco, donde las Diputaciones Forales han aprovechado su privilegiado sistema de financiación -al que me referiré más adelante- para reducir la presión fiscal sobre sus ciudadanos, algo que está excluido de su capacidad autonómica por las leyes del Convenio y el Concierto Económico que rigen su sistema fiscal.

Queda, sin embargo, otro tercio del saldo sobre el que influyen principalmente el sistema de financiación autonómico -que como ahora veremos sí contiene elementos de inequidad-, los programas de ayudas económicas sectoriales, en especial los referidos a la agricultura -cuyos fondos se distribuyen territorialmente, como es lógico, en función de la especialización productiva de cada Comunidad Autónoma- y la construcción de infraestructuras -que se localizan con criterios discrecionales que a veces son discutibles, pero que en todo caso tienen una influencia muy menor sobre los saldos fiscales-.

El régimen privilegiado

Es en la financiación autonómica donde aparecen, según las Cuentas, los mayores elementos de inequidad. Los más relevantes son, además del de Ceuta y Melilla ya comentado, los de Navarra y el País Vasco. Para ambas regiones el estudio de Hacienda revela que los recursos de que disponen sus gobiernos autonómicos duplican en términos por habitante a los de las Comunidades Autónomas de régimen común -en promedio, 4.175 y 2.054 euros per cápita en las forales y en las comunes, respectivamente-. Esta enorme diferencia sólo se explica porque el sistema foral funciona en la práctica como un régimen privilegiado, debido esencialmente a que cuando se calculan, dentro de una negociación política, el Cupo vasco y la Aportación navarra se incumplen, de la primera a la última, todas las prescripciones metodológicas que establecen las leyes del Concierto y el Convenio a las que antes me he referido.

La inequidad del sistema de financiación de las regiones de régimen común también es reseñable, aunque su dimensión es muy inferior a la del régimen foral. Las Cuentas señalan que las regiones peor financiadas, Baleares y la Comunidad Valenciana, lo están entre un 12 y un 15 por ciento por debajo de la media; y las mejor tratadas, La Rioja y Cantabria, lo están entre un 21 y un 24 por ciento por encima de la media. Por cierto que en esa media se encuentran tanto Madrid como Cataluña, las dos regiones cuyos gobernantes más se quejan últimamente, coincidiendo sorprendentemente en un discurso que falsea deliberadamente la realidad y que nada tiene de aleccionador para resolver los problemas que presenta el diseño del sistema de financiación autonómica.

Demagogia vs. equidad

Concluyamos. Las Cuentas Públicas Territorializadas son meridianas al señalar que el grueso de las transferencias interterritoriales de recursos se rige, en lo esencial, por un principio de equidad. Pero también indican que hay algunos problemas de desigualdad en el ámbito de la financiación autonómica que, por su limitada dimensión, son perfectamente abordables para su solución. Que ésta se encuentre pronto depende de que los políticos se ciñan más a la aritmética que a la demagogia; y en el caso de los vascos y navarros, de que se conformen a aplicar con rectitud y no con retorcimiento las reglas que ellos mismos han acordado con el Estado y que se expresan con rigor económico y jurídico en las leyes que regulan su constitucional singularidad financiera.