La alargada sombra de la economía sumergida

Unos cálculos que, extrapolados a un importe total, dan de media una economía no declarada en nuestro país desde hace años del 18,6%, si bien las últimas estimaciones acercan más el agujero al 25% del PIB, cerca de 250.000 millones de euros, nivel muy alejado del de otros Estados europeos como Alemania (13%), Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10% del PIB), y de Francia y Reino Unido (en torno al 10%). «En todo caso afirmar que un país tiene más o menos economía sumergida que otro es aventurado, porque los cálculos son siempre indirectos y sujetos a muchos errores», puntualiza José Ramón Pin Arboledas, profesor de IESE.

No obstante, en España, es ya un problema crónico , que se estira en tiempos de crisis. «La economía sumergida en nuestro país está por encima del 20% y la cifra más probable es cerca del 25% -añade Pin Arboledas-. La alta fiscalidad, en la que hay que incluir las cuotas de la Seguridad Social (de las más altas de Europa), es una de las principales causas de que exista esta economía sumergida».

Pero hay más. Por ejemplo, la existencia de una alta población de inmigrantes que no tienen regularizada su situación y prefieren pasar lo más desapercibidos posible. O sectores como el servicio doméstico o arreglos en domicilios que son típicos de la economía sumergida en los países desarrollados, pero que en España se ha convertido en un sector sin regular con bastante peso, y en el que prolifera pagar las facturas sin IVA. Además, la existencia de una cobertura de desempleo amplia hace que, por falta de control, algunos de los que figuran en las listas oficiales de desempleo completen sus ingresos en la economía informal. Un extremo particularmente significativo en Andalucía, donde el paro oficial está por encima del 35%.

Entre 2008 y 2012 unos 60.000 millones de euros han circulado por las «cañerías» del sistema Los economistas Santos M. Ruesga y Domingo Carbajo estiman que, entre 2007 y 2010 -años centrales de la crisis-, el peso de esta economía «B» ha crecido de un 18,9% a un 24,7%. Es la factura de la Gran Recesión. Coincide con este diagnóstico el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calcula un aumento de 6,8 puntos desde que comenzó la crisis. Según sus cálculos, esto significa que entre 2008 y 2012 unos 60.000 millones de euros han circulado por las «cañerías» del sistema económico español. Unos 15.000 millones al año. Dinero que, de estar en «A», hubiera medio arreglado las cuentas heredades del recién estrenado Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El desplome del ladrillo, el aumento del paro, la corrupción generalizada y la ineficacia de la Administración, según Gestha, facilita que la cuarta parte de la economía no exista a efectos oficiales, lo que provoca además daños mayores en la recaudación fiscal, directamente relacionada con la situación del déficit público. Por ejemplo, para el periodo 2003 y 2011 analizado por Ruesga y Carbajo, se perdieron unos 12 puntos del PIB en ingresos fiscales. Un bocado a unas arcas públicas más necesitadas que nunca en tiempos de crisis, en un país obligado a cumplir los exigentes objetivos de déficit.

Y es que el anterior Gobierno socialista dejaba al nuevo a los pies de los caballos. Con un agujero en las cuentas del país fuera de control. El ejercicio 2011 acababa con un déficit público próximo al 9% del PIB, y subir los impuestos se antojó como única fórmula para lograr ingresos.

Europa, que no daba crédito al descontrol de las cuentas públicas españolas, decidía también tomar cartas en el asunto. Así, de obligado cumplimiento para el Ejecutivo popular era hacer un esfuerzo sobrehumano para bajarlo a cierre de 2012 hasta el 5,3%. Una estimación revisada posteriormente al 6,3%, una vez que los mandatarios europeos valoraron las medidas puestas en marcha por Rajoy para hacer más pequeño el agujero.

De hecho, los economistas consultados coinciden en señalar que de no haberse tomado tales medidas el simple impulso de la recesión hubiera disparado el déficit hasta el 11%. Al final, a cierre de 2012, la cifra se situó en el 6,9%. En 2013, en el 6,62%. Ambos sin contar con las ayudas a la banca. Se incumplió el objetivo, sí, pero por poco. Un esfuerzo que Bruselas valoró en público, porque se hizo un ajuste fiscal de unos 40.000 millones de euros en medio de una recesión, por lo que decidió no exigir más recortes.

Pero no solo de recortes vive un país. Las cuentas tienen que estar compensadas entre ingresos y gastos y lo recibido por subida de impuestos no daba para mucho más. El Gobierno se veía pues obligado a batallar con el gran problema que suponen esos más de 200.000 milllones sin control fiscal y con el que se dejan de ingresar más de 70.000 millones en las arcas públicas, el 7% del PIB.

Demasiado dinero en «B» para cualquier economía y demasiadas consecuencias. Rajoy entonces decidió «ir a por todas» en la lucha contra la economía sumergida. El plan, coordinado por la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo, la Agencia Tributaria y las comunidades, tenía dos objetivos prioritarios: el cobro fraudulento de las prestaciones por desempleo y las prejubilaciones encubiertas, es decir, cobrar el paro los dos últimos años de la vida laboral. Además, reforzarían las labores de inspección, endurecerían las sanciones y recurrirían a la pedagogía para cambiar la mentalidad española, «por tradición, tolerante y comprensiva con la picaresca».

En la lucha contra el fraude uno de los factores importantes son los incentivos que reciben los Inspectores Fiscales Un buen plan. Pero no suficiente a tenor del crecimiento del agujero negro que supone la economía sumergida en las cuentas públicas. Pero con una economía ya en recuperación, ahora urge analizar si el Gobierno seguirá en la línea de aflorar más fraude o habrá cierta relajación. Para Pin Arboledas, el crecimiento económico dará más ingresos tributarios y la Hacienda Pública estará menos presionada. Pero la lucha contra el fraude «no depende solo de eso, uno de los factores importantes son los incentivos que reciben los Inspectores Fiscales y ahí debería profundizarse, con las debidas cautelas para evitar abusos de poder».

Detectado y presentado pues el problema, Gestha propone fórmulas para seguir remediando el creciente agujero no declarado. La primera: realizar estudios oficiales por entidades independientes (ningún Gobierno los ha encargado); la segunda, coordinar la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las haciendas autonómicas, creando una base de datos única; tercera: más personal (España tiene un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes frente a los uno por 860 de Francia) y cuarta, reorganizar el Ministerio de Hacienda. Todo, para evitar que el 80% del personal de Hacienda esté dedicado a investigar a autónomos y omisiones en las declaraciones de los pequeños contribuyentes.

En definitiva, trasladar un mensaje a la sociedad española, tradicionalmente tachada de abusar de la «picaresca»: «La economía sumergida distorsiona la renta per cápita que sirve de base para el diseño de las políticas económica, debilita los ingresos del Estado y los fondos de España y la Unión Europea y, por tanto, los recursos para políticas ciudadanas, genera competencia desleal entre empresarios y obliga a rebajar las pensiones, subsidios y ayudas sociales en su sentido más amplio, amenazando en estado del bienestar». Un mensaje claro, directo e indiscutible. Gestha cree que las campañas de concienciación ciudadana son instrumentos de persuasión muy eficaces para cambiar esta moral «permisiva» con el fraude, más que la amenaza de cárcel o los controles administrativos. «Sería mucho más efectivo solicitar la colaboración ciudadana para efectuar controles a nivel local».