Agentes sociales y expertos cuestionan la subida de la tributación del despido

Hasta ahora no afrontaban IRPF la cantidad del finiquito que no superase el límite previsto en la legislación laboral: 45, 33 ó 20 días por año trabajado. Esto provocaba, según el Ejecutivo, que indemnizaciones muy elevadas quedaran exentas. « Podía haber acuerdos entre empresa y trabajador para que el despido fuese improcedente, y así el empleado percibiera indemnización y prestación por desempleo eludiendo impuestos», sostiene el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich.

La reforma mantiene la exención solo para las rentas más bajas. Gran parte de los expertos consideran que el límite es tan bajo que afectará sobre todo a las rentas medias, y creen por tanto que la medida debería discriminar más entre nivel salarial y, en lugar de generalizar la supresión de la deducción, imponer límites solo a las rentas más altas. «Se podría subir el mínimo exento a salarios de 30.000 euros», propone Sandalio Gómez, profesor del IESE, que ve «razonable» limitar la exención, apreciación que comparten Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública, y Ángel de la Fuente, director de Fedea.

«Es una medida injusta porque penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos», dice el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, que ve en la medida afán recaudatorio. El Gobierno cifra en 137 millones lo que deja de ingresar por esta exención.

Pero además las indemnizaciones se consideran rendimientos irregulares y también se ven castigadas por otra novedad, el recorte del 40% al 30% de la reducción por este tipo de rentas, siempre y cuando el finiquito no supere los 300.000 euros. La cuantía mayor a este umbral se gravará como renta del trabajo. La reforma también fija un régimen especial para indemnizaciones entre 700.000 euros y un millón de euros. Así, si un trabajador despedido recibe 900.000 euros, podrá aplicar la reducción del 30% a 200.000 euros, el resultado de restarle al total los 700.000 euros límite. Para las indemnizaciones de más de un millón, no hay reducción alguna.

La norma afectará sobre todo, según la consultora Aon Hewitt, a trabajadores en fase de prejubilarse. Al tener que tributar, se desincentiva esa salida voluntaria: el trabajador desistirá porque recibirá un finiquito menor, y la empresa difícilmente querrá sufragar la parte a tributar para garantizar a su empleado una indemnización neta igual a la que le correspondería en caso de mantenerse la exención.

Por igual motivo, la medida puede dificultar y encarecer los acuerdos entre empresas y empleados cuando la compañía requiera negociar despidos, complicando así la reestructuración de las empresas, según Sagardoy Abogados. Este despacho apunta además que la intención del Gobierno de aplicar esta norma con carácter retroactivo desde el 20 de junio podría suponer un problema de constitucionalidad.

Hacienda reiteró ayer su disposición a negociar el mínimo exento con los agentes sociales. Los empresarios, a través de la CEOE, que mañana examinará en profundidad el texto de la reforma, manifestaron ayer a ABC que son partidarios de discutir el anteproyecto, que aún puede ser revisado en consulta pública y trámite parlamentario antes de su aprobación.