Las ley concursal facilitará la venta de empresas en concurso antes de su liquidación
De Guindos avanza que en las próximas semanas se aprobará la nueva ley sobre auditoría para reforzar la independencia de las firmas que prestan este servicio a las compañías

El Gobierno sigue profundizando en el diseño de la reforma de la ley concursal , que facilita la refinanciación y reestructuración de empresas muy endeudadas pero rentables y con la que el Ejecutivo popular quiere evitar una mayor destrucción del tejido empresarial del país. La última novedad es que la norma incluirá un trámite previo a la fase de liquidación para que aquellas empresas en concurso de acreedores y que asuman una quita a la deuda puedan recibir ofertas de compra por todo su negocio en curso.
Así lo ha avanzado este martes el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha señalado que uno de los objetivos de esta revisión es evitar el cierre de las unidades productivas de una empresa, y por tanto mantener en pie el negocio. Actualmente, y si acaba en liquidación, el juez encargado del concurso saca la compañía a subasta dividida en activos. «Se puede obtener más con la venta del conjunto del negocio que con la suma de las partes», ha dicho el ministro en Santander durante el curso «La Europa que deja la crisis», organizado por la APIE en colaboración con BBVA.
La reciente reforma de la ley concursal incentiva los acuerdos de refinanciación y reestructuración entre las empresas en apuros y sus acreedores con medidas como condonación de deudas y esperas para su devolución. Inicialmente pensadas solo para la fase preconcursal, Economía trabaja ahora en extenderla a la fase de concurso, así como una modificación de la administración concursal, para abaratarla, y la creación de un código de buenas prácticas para que también pymes y autónomos se beneficien de esas facilidades.
De Guindos ha anunciado además que en las próximas semanas el Gobierno dará luz verde a la nueva ley de auditoría, que supondrá la transposición de la directiva europea al respecto. Entre las novedades, y como ya informó ABC, se obliga a las empresas a cambiar de auditori cada diez años, se limitan los servicios de consultoría que una auditoria puede prestar a la compañía que ya audita y se amplía la información que deberán incluir en su informe. El objetivo, ha señalado el ministro, es reforzar la independencia en el trabajo de estas firmas.
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