Un juez obliga a devolver una vivienda subastada por las cláusulas abusivas de la hipoteca

El magistrado de Barcelona ha aplicado en su sentencia la doctrina del tribunal europeo y ha declarado el derecho de la vecina de Gavà María Ángeles G.C. "a recuperar la propiedad y la posesión del inmueble que fue objeto de subasta", y ha condenado al banco a pagar las costas del procedimiento judicial.

El juez ha declarado "la nulidad por abusiva de la condición general establecida en la cláusula sexta bis, vencimiento anticipado, de la escritura de préstamo hipotecario" que la propietaria del inmueble había firmado con el banco el 2 de agosto de 2004.

La sentencia dice que es abusivo "el interés de demora" que preveía el préstamo hipotecario "por estipularse la capitalización de los intereses moratorios vencidos al capital restante".

Por eso, el juez también declara nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria y subasta de la vivienda que instó Bankia ante un juzgado de Gavà "al haber constituido el fundamento de dicha ejecución la referida cláusula sexta bis de vencimiento anticipado del préstamo".

La mujer, que tiene 57 años y está en paro, hipotecó su casa en 2004 para avalar un préstamo de 100.000 euros a su hija y su yerno, que tenían que devolver en 30 años. En 2011, su hija no pudo pagar el préstamo y el banco instó la ejecución hipotecaria del domicilio de la madre, en el que vivía desde 1982, reclamando 89.586 euros de deuda.

El 8 de junio de 2012 la vivienda salió a subasta, pero quedó desierta y se la adjudicó el propio banco por el 60% del valor de tasación, es decir, 75.942 euros.

La mujer, que tuvo que recurrir a la justicia gratuita por falta de ingresos, entregó las llaves del piso el 3 de abril de 2013 y aún le quedó una deuda de 13.644 euros, más 1.593 euros de intereses.

El juez argumenta en su sentencia que el banco decidió dar por vencido el contrato de préstamo cuando los prestatarios adeudaban cinco mensualidades, que eran de alrededor de 470 euros, y debían al banco 2.354 euros.

Aunque el juez reconoce que "no puede considerarse abusiva la resolución del contrato por incumplimiento, sí debe analizarse si es abusivo que una de las partes se reserve de modo unilateral el derecho de resolver un contrato frente a cualquier incumplimiento sin ponderar la gravedad o alcance del mismo".

El juez también reprocha a la entidad bancaria que obviara que la vivienda era la habitual de la madre de la prestataria y no de la pareja que pidió el préstamo, lo que impidió que la mujer pudiera satisfacer los 2.500 euros que adeudaban de mensualidades, "una cantidad ridícula si se pondera que el impago podría determinar la pérdida de la vivienda", dice el juez.