Las autonomías tejen una red de 70 impuestos que ahuyenta inversiones

El enredo fiscal autonómico lo forman 70 impuestos con el que las regiones no llegaron a recaudar ni 2.200 millones en 2013, escasa cuantía para tanto tributo, pero con gran impacto, ya que la recaudación se concentra en pocos operadores y sectores, según los expertos consultados por ABC.

El Ministerio de Hacienda quiere frenar la dispersión tributaria para conseguir una armonización fiscal en España en línea con la Ley de Unidad de Mercado. Su idea es negociar con las autonomías cuando se aborde la modificación del sistema de financiación, aunque el próximo julio, tras presentar la reforma fiscal, Hacienda citará a las regiones para hablar de impuestos y techo de gasto.

En un momento delicado para las cuentas públicas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no quiere que las comunidades pierdan recaudación. Está sobre la mesa compensarlas con el aumento del tramo cedido en el IRPF y con más cuota en los impuestos que gravan tabaco, alcohol y gasolinas.

Casi todas las regiones se verán afectadas por esta futura supresión de impuestos. Pocas son las que no han diseñado su propio mapa fiscal. Así, por ejemplo, los cánones sobre el agua, que afectan a las tareas de saneamiento y a los vertidos, están en vigor en varias comunidades, la mayoría costeras. Del canon sobre emisiones se están beneficiando Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, la Comunidad Valenciana y Murcia. También es muy usado el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, que existen en Andalucía, Asturias, Cataluña o Comunidad Valenciana. Igual ocurre con el recargo por instalación de grandes superficies comerciales, en vigor en Cataluña y La Rioja.

Si se trata de hablar de las regiones con más impuestos, son Andalucía y Cataluña —con 8 y 9, respectivamente— las que encabezan el ranking. Ambas destacan por tener recargos que no se aplican en otras regiones. La comunidad andaluza tiene un impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso, y la catalana aplica desde 2012 otro turístico con el que esperaba lograr ingresos extra de 50 millones.

Desde el sector empresarial llevan años denunciando con dureza el enredo fiscal autonómico. «Algunos de estos impuestos son “de nicho”, con un pretendido carácter medioambiental, que en la mayoría de los casos no es tal. La escasa recaudación no justifica el daño ocasionado por estos impuestos y el efecto adverso para la unidad de mercado y la inversión», explica a ABC Bernardo Soto, jefe del área fiscal de CEOE.

Soto cree que este entramado «es muy perjudicial y una de las mayores causas de preocupación de los inversores nacionales y extranjeros». Y destaca que esta carga fiscal extra ha provocado la «fragmentación del mercado interior creando distorsiones innecesarias entre comunidades e inseguridad jurídica a corto y medio plazo ya que —dice— constantemente se aprueban impuestos y tasas, lo que dificulta el diseño de planes de negocio».

Concluye que la Administración debe limitar la «inventiva» y «exigir que lleguen precedidos (los impuestos) de un estudio económico y de impacto serio que evite situaciones en la que un determinado sector pueda ver en peligro su viabilidad futura».