Las administraciones pagan con 111 días de retraso, cuatro veces más tarde que el límite legal

Las administraciones devolvieron el pasado año sus deudas en un plazo medio de 111 días, lo que supone una reducción de 30 días respecto a 2012 pero continúa por encima del límite legal, de 30 días. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha presentado un informe en el que recoge que, a su vez, las empresas afrontaron sus facturas pendientes con 85 días de retraso, es decir, ocho menos que el pasado año, pero superior a los 60 días de tope que marca la ley para las compañías.

El ratio de impagados entre las 1.000 empresas encuestadas bajó el pasado año al 5,1%, frente al 7,1% de 2012, una mejora que aún queda lejos del 2,6% de media continental. Desde la plataforma alertan que se puede poner en riesgo esta mejora si se adopta el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, ya que este permitirá el «acuerdo entre partes» para acordar un plazo de pago y, en sus palabras, dilatará aún más el tiempo en que tardan las empresas en saldar sus deudas.

De esta forma, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, amenazó con denunciar al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE si continúan incumpliéndose los plazos legales de pago establecidos por directiva europea. «Nuestro equipo jurídico lo está estudiando», señaló Cañete, si bien explicó que la organización iba a esperar a la aprobación definitiva del texto.

El presidente de la organización también criticó la modificación del artículo 216 de la Ley de Contratos del sector público, que deja a las administraciones públicas ampliar «sin límite alguno» los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes.