España se lanza a buscar su oro negro

Los yacimientos más prometedores se sitúan en las aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a unos 60 kilómetros de la costa. Allí, la empresa autorizada para los trabajos de investigación, Repsol , estima que podría haber «recursos recuperables por valor de 898 millones de barriles de petróleo de media». Esto supondría una producción media de entre 100.000 y 150.000 barriles al día. Una perspectiva: es el equivalente «al 10% de los hidrocarburos que consume España durante 20 años». Ahora, la compañía está a la espera de recibir la autorización ambiental necesaria -una declaración de impacto ambiental que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Todo indica que la autorización ambiental llegará hacia finales de abril o comienzos de mayo. Los sondeos podrían llevarse a cabo, si es positiva, en torno al verano .

A pesar de esta expectativa, la posición del Gobierno de Canarias ha sido de frontal rechazo desde el primer minuto, pese a que ambos miembros de este ejecutivo (Coalición Canaria y el PSOE) se mostraron en el pasado claramente a favor de las prospecciones petrolíferas o bien con unas moderadas objeciones. Pero esta vez estaba José Manuel Soria de por medio, y el ministro canario de Industria es el rival político tanto de Paulino Rivero, presidente isleño, como de José Miguel Pérez, su socio. Fue Pérez, curiosamente, el que en pleno periodo preelectoral, enero de 2011, dijo sin rodeos que había que buscar hidrocarburos : «Sí, con los ojos cerrados. A por él. Total, para que lo haga Marruecos...».

Pese a estos antecedentes, el actual gobierno isleño se ha marcado una agenda política donde la resistencia al mero conocimiento sobre si hay o no crudo a 60 kilómetros de la costa canaria parece ocuparlo todo. Incluso, han convertido un simple trámite administrativo como la apertura de alegaciones al estudio de impacto ambiental presentado por Repsol en un hecho casi plebiscitario, jaleando a la población, para que se sumara a una recogida de firmas que sostuviera los reparos de Rivero a la concesión. La última ocurrencia ha sido la solicitud de una consulta popular a los canarios acerca de estas prospecciones.

Uno de los argumentos del Gobierno autonómico es que las prospecciones dañarían el medio ambiente. Julio Barea, doctor en geología y portavoz de Greenpeace, expresa que «las investigaciones en aguas profundas son muy peligrosas. Incluso la propia empresa reconoce que el peligro cero es imposible».

Fuentes de Repsol, en cambio, niegan esta alarma. Aseguran que «en estos trabajos se establecen los estándares más altos en seguridad y respeto al medio ambiente». Según los registros de Aceip, patronal que agrupa a las empresas que realizan estos sondeos, en España se han perforado 689 pozos de exploración: 267 de ellos en el mar. «Nunca se ha producido un accidente grave en estos trabajos», afirman desde Repsol. El principal riesgo son los derrames accidentales, aunque Daniel Lacalle, gestor de fondos y experto energético, cifra su probabilidad en un 0,3%.

Otra actividad que se vería «negativamente» afectada, según el Gobierno canario y algunas organizaciones locales, sería el turismo, el «pilar» económico de las Canarias. Desde Repsol tampoco entienden esta postura: explican que estas actividades se realizan en numerosos destinos turísticos del mundo, como en Brasil o en California. La compañía cita como ejemplo su plataforma Casablanca, a 43 kilómetros de Tarragona.

En cuanto al impacto económico, la empresa señala que, en caso de confirmarse la existencia de hidrocarburos, esta actividad generaría entre 3.000 y 5.000 empleos. Lacalle explica que «si se poducen en torno a 140.000 barriles al día (las esperanzas de la empresa), el Gobierno canario recaudaría unos 3.120 millones, aproximadamente el 30% de su presupuesto».

Otro factor que se debe tener en cuenta es el horizonte que asoma al otro lado de la mediana del mar territorial, donde Marruecos ya ha comenzado a explorar los yacimientos que se sitúan sobre el lecho marino que le corresponde.

En otras aguas, la fiebre del oro negro también sobrevuela el Golfo de Valencia, cerca de Ibiza y Formentera. Allí tiene la concesión la empresa Capricorn Spain Limited , filial española de la escocesa Cairn Energy, que pretende investigar las áreas de Alta Mar 1, Alta Mar 2, Bonifayó y Gandía. En esta caso, el proceso está en la primera fase: la compañía quiere realizar un sondeo sísmico para analizar las estructuras geológicas que esconde el subsuelo marino. Esta actividad, que permite conocer si hay estructuras geológicas susceptibles de contener bolsas de hidrocarburos, se realiza a través de un barco que impulsa señales acústicas de aire comprimido. Es como una «ecografía». Si no se realiza esta prueba, no se puede saber si hay petróleo o gas -en el Mediterráneo es más probable encontrar gas.

Esta actividad preliminar también ha creado polémica. Algunos expertos ambientales consideran que genera un umbral acústico que daña a la fauna. Carlos Bravo, coordinador de Alianza Mar Blava, explica que la zona en cuestión «coincide con un corredor migratorio de cetáceos, en vías de ser reconocido como una zona zepim (un ecosistema marino de especial protección)». Argumenta, además, que después de las prospecciones disminuyen las capturas pesqueras, «porque mueren muchas especies», lo que perjudica tanto a los pescadores como a algunas especies de aves, como la pardela balear.

El subsecretario de Industria, Enrique Hernández , expresa que para determinar si existen todos esos riesgos está, en ambos casos, la declaracion de impacto ambiental, un trámite sin el que no se autoriza ninguna actividad. «Nos hemos hartado de decir que con una declaración de impacto ambiental negativa no se va a realizar ningún tipo de prospección». Además, puntualiza que esta declaración puede estar condicionada. Es decir, puede permitir la prospección pero limitarla a una ventana temporal concreta, teniendo en cuenta «las épocas migratorias de mamíferos o cetáceos o la época de cría de la pesquería». En muchos países europeos, este trámite no se exige para los sondeos sísmicos. Aceip recuerda que estas campañas sísmicas son habituales. En los mares de España se han realizado más de 200.000 kilómetros «de perfiles sísmicos», la mayoría en el Mediterráneo.

El clamor de la sociedad balear es mayor que en Canarias. La organización Alianza Mar Blava es su voz: reúne a administraciones públicas, al sector económico, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, pequeñas y medianas empresas. «Se ha sumado todo el mundo. La oposición es rotunda», expresa Bravo. Según esta organización, los efectos negativos también se sentirían en la economía y el turismo , «incompatible con las exploraciones petrolíferas», según Bravo.

Esa unanimidad contra las prospecciones se hizo patente el pasado 22 de febrero. Ese día, varios miles de personas se manifestaron en Ibiza, Mallorca y Menorca para expresar su rechazo a esa posibilidad. A las protestas, promovidas por «Baleares dice no» y «Amigos de la Tierra» entre otras entidades, asistieron representantes de todos los partidos, incluidos varios consejeros del Ejecutivo autonómico, como el presidente del Gobierno balear, el popular José Ramón Bauzá . En los dos últimos meses, Bauzá ha venido expresando su «abrsoluto» rechazo a los sondeos y no ha descartado emprender acciones judiciales para detener las prospecciones.

En cualquier caso, el Gobierno recalca que lo que se está planteando ahora es conocer si hay hidrocarburos o no. ¿Puede un país con una dependencia energética que supera el 77% renunciar a investigar su potencial? En Baleares, «la gente no quiere saber si hay petróleo o no. Su petróleo es el turismo y el buen estado de las costas y las aguas», contesta Bravo.

Mientras tanto, España mantiene su dependencia energética del exterior, superior al 75%. En 2013, pagó 57.000 millones por las importaciones de productos energéticos. Casi todo (unos 45.000 millones) en petróleo y derivados y en gas. La balanza energética registró, así, un déficit de 40.000 millones. Es un dato más importante de lo que parece: sin la energía, la balanza comercial del país tendría superávit. Este déficit lastra la competitividad de la industria, como la química. Lacalle explica que, si se cumplen las previsiones de Repsol en Canarias, «las importaciones anuales de hidrocarburios se reducirían un 10%».

Hay que elegir.