Los inspectores de Hacienda piden trabajar de incógnito y el pago a confidentes

En un encuentro ante los medios organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) el presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez respectivamente propusieron una Agencia Tributaria autofinanciada con el 18% de lo percibido por las liquidaciones obtenidas en la lucha contra el fraude–en la actualidad se queda un 5%– y elimine así las transferencias de la Administración General del Estado, que suponen un 65% del presupuesto del organismo.

Asimismo, los inspectores proponen integrar los ingresos y la gestión de los impuestos en un sistema único que coordine todas las administraciones. En este sentido, recomiendan concentrar todas las agencias en una base de datos común que a su vez mantenga la independencia de cada órgano tributario. Ambas medidas incluyen a los regímenes forales de Navarra y País Vasco, si bien Ransés Pérez de Boga destacó que la propuesta de estatuto de la organización es «flexible», y que se puede adaptar a un modelo federal, cofederal o centralizado, de cara a la futura reforma territorial.

En cuanto a reforzar la independencia del ente y ante la inestabilidad en la cúpula de la Agencia Tributaria (en los últimos tres años han pasado tres directores ), el organismo sugirió que las Cortes nombren al director general de la Agencia Tributaria por períodos de cinco años. Además, la organización propone un sistema que reduzca el número de puestos de libre designación . Ahora unos 700 de los 1.600 inspectores de Hacienda ocupan este tipo de cargos, y su objetivo sería dejarlos en el entorno de los 200: fundamentalmente los mandos nombrados por cada director. Este sistema se combinaría con el concurso público y el nombramiento mixto realizado por un órgano en base a criterios «objetivos» como experiencia, antigüedad o formación.

Dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicación de una lista de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda , pero que aún no se ha aprobado. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.

El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado el pasado mes de diciembre por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, si bien su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.