Almunia quiere eliminar las subvenciones a los aeropuertos

La Comisión Europea va a aprobar este jueves el nuevo marco reglamentario para las ayudas públicas a aeropuertos y compañías aéreas. El texto que el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, tiene sobre la mesa ha levantado ya una trepidante inquietud en países como Francia, donde la mayoría de sus pequeños aeropuertos regionales podrían verse abocados al cierre, y confirma la extraordinaria utilidad del modelo que ha construido Aena en España , que protege a las instalaciones deficitarias sin necesidad de subvenciones directas del Estado . Las nuevas reglas pueden cambiar el mapa de la industria aeronáutica en la UE, que en la última década se ha visto marcada por la irrupción de las compañías de bajo coste. La clarificación de las reglas que van a regir en toda Europa facilitará también el interés de los inversores en una f utura privatización de la entidad pública y debería contribuir también a definir las condiciones que intervendrán en la posible explotación de los aeropuertos españoles que no son de Aena y que se han quedado varados en la crisis, lo que podría aclarar también las ideas a los posibles compradores.

El texto ha necesitado meses de difíciles negociaciones en el seno mismo de la Comisión Europea, donde las diferencias de criterios entre Almunia y el responsable de Transportes, Siim Kallas, han mantenido el proyecto varado durante meses. Según fuentes europeas, esas diferencias se han limado poco a poco, pero aún ha sido necesario programar la probación del proyecto para jueves y no para el miércoles que es el día de reuniones habituales de la Comisión.

Los servicios del comisario Almunia han determinado que el mercado ha alcanzado una madurez y una diversificación tal que las ayudas públicas al funcionamiento operativo, sobre todo de las regiones, están empezando a pesar demasiado tanto en el sector, como en el déficit público de los estados miembros. Almunia presentó su proyecto de reglamento el verano pasado y propuso un mecanismo de consulta pública para que los operadores y entidades interesados expusieran sus preocupaciones ante sus planes de poner en marcha un periodo transitorio de diez años para adaptarse a la desaparición de estas ayudas. Hasta ahora, la reglamentación general de 2005 establece que los aeropuertos de menos de un millón de pasajeros al año no están afectados por las reglas de la competencia y pueden recibir subvenciones para mantenerse operativos. La nueva propuesta presentada el 3 de julio pasado preveía que el límite para poder recibir ayudas públicas para el funcionamiento de un aeropuerto bajase hasta los 200.000 pasajeros al año, lo que en Francia, por ejemplo, supondría que las regiones no podrían subvencionar a 42 de los 73 aeropuertos que están operativos y que ahora sobreviven con las ayudas.

Después de este periodo de consulta, el reglamento que aprobará la Comisión determina que para considerar que no influyen en el mercado y que pueden ser subvencionados, los aeropuertos no deben superar los 500.000 pasajeros anuales, que es menos de lo que esperaban algunos países afectados, pero más del doble de lo que figuraba en el proyecto inicial. A cambio, el departamento que dirige Almunia exigirá que las ayudas públicas no superen el 80% del déficit de explotación.

La regla dejará abierta la posibilidad a ciertas excepciones relativas a las condiciones específicas de ciertas regiones remotas, lo que compensa a países como Suecia, donde hay zonas a las que es imposible llegar por otro medio. Canarias quiere mantener la excepción ultraperiférica y se opone a que los aeropuertos se clasifiquen solamente por número de pasajeros. En el archipiélago, las compañías tradicionales han cedido prácticamente el grueso del mercado a las de bajo coste, cuya actividad genera muchos menos rendimientos productivos. Cuatro de los 8 aeropuertos canarios pasarán de los cinco millones de pasajeros y el de Las Palmas se acercará a los 10 millones, pero según las autoridades canarias, en condiciones de supremacía de las compañías de bajo coste no existe garantía de que lleguen a ser rentables. En sus comentarios a la propuesta de la Comisión recuerda que si bien Tenerife Sur podría tener un nivel de tráfico similar al de Berlin- Schönefeld, no quiere decir que ambos puedan obtener la misma rentabilidad.

La Generalidad de Cataluña, q ue gestiona los aeropuertos de Lérida y de La Seu d’Urgell/Andorra, también quería que la Comisión fijase el límite para recibir ayudas públicas en las instalaciones de menos de 100.000 pasajeros al año, lejos de la solución que adoptará finalmente Almunia.