Industria obligará a las eléctricas a ofrecer precios fijos a consumidores vulnerables

El objetivo del PP es establecer una nueva obligación para las comercializadoras eléctricas: la de realizar ofertas a los consumidores con derecho al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (que sustituye a la Tarifa de Último Recurso - TUR) en las que «el precio del suministro sea fijo para un periodo determinado, sin perjuicio de las revisiones que procedan de los peajes, cargos y otros costes regulados». Según se justifica en la enmienda, el objetivo es que los consumidores puedan optar, si así lo desean, por un «precio fijo a largo plazo» en lugar del coste de producción que se fije con el nuevo mecanismo que sustituirá a las subastas trimestrales Cesur, y que «podría estar sometido a variaciones periódicas en función de la metodología que se establezca».

En la misma enmienda, el partido que da sustento al Gobierno también propone modificar otro aspecto de la Ley del Sector Eléctrico para evitar que el coste de la energía se determine atendiendo al precio medio del mercado durante un periodo determinado reglamentariamente, como se hacía hasta ahora con las Cesur. Así, con la modificación propuesta la Ley se limitará a señalar que el coste de producción se determinará «en los términos que se desarrollen reglamentariamente», de modo que se eviten «limitaciones en las referencias de precio».

«Los hechos acaecidos recientemente han puesto de manifiesto la necesidad de proceder a una revisión urgente del mecanismo existente», añade el PP, en referencia a la cancelación de la Cesur de diciembre, que arrojó un incremento desproporcionado con las tendencias del mercado en las semanas anteriores. Según los populares, el texto que se propone para la Ley del Sector Eléctrico permitirá «desarrollar el cálculo del coste de producción a tener en cuenta en la fijación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor a partir de los diferentes mecanismos de mercado que pudieran existir».