Las patronales del consumo calculan que subir el IVA destruiría hasta 174.000 empleos
Las organizaciones de productores y la industria de la alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración rechazan el alza tributaria de cara a la próxima reforma fiscal
Las patronales del consumo calculan que subir el IVA destruiría hasta 174.000 empleos
Ante la publicación en unas semanas de la propuesta de reforma fiscal por parte de los expertos designados por el ministerio de Hacienda, el sector del consumo se ha unido en un acto ante medios para rechazar una hipotética futura subida de impuestos. Las organizaciones ... de productores, industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración calculan que un nuevo incremento del IVA podría suponer la destrucción de hasta 174.000 empleos y una caída de la recaudación que podría llegar a los 4.000 millones de euros.
Las organizaciones FIAB, Aecoc, Anged, ACES, Asedas, CEC, FEHR, Fehcarem y Cooperativas Agro-Alimentarias coincidieron en señalar que el sector «no tiene margen» para soportar un alza de los impuestos al consumo. «El Gobierno subió el IVA para aumentar la competitividad del país con vistas a bajar las cotizaciones sociales a largo plazo. Año y medio después, las cotizaciones han subido », afirmó Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.
De esta forma, presentaron un informe elaborado para la ocasión por el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) en el que se recogen dos escenarios diferentes que parten de la sugerencia de la Comisión Europea al Gobierno español de elevar algunos tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%). El primer escenario asume que todos los productos con un gravamen del 4% pasaran al 10% y estos últimos al tipo general, del 21%. De acuerdo al CEET, se produciría una destrucción de más de 174.000 empleos y una bajada de la recaudación de entre 2.930 millones y 4.000 millones. «La última subida del IVA provocó una caída media del consumo del 7%», recordaron.
La segunda hipótesis contempla que todos los productos que soportan el tipo reducido del 10% pasen al general, lo que provocaría 155.000 empleos menos y una merma para las arcas públicas de entre 2.739 y 3.800 millones de euros.
Por ello, las organizaciones recomiendan que la reforma fiscal «ensanche las bases impositivas» en lugar de elevar los tributos y eleve la lucha contra el fraude. «Necesitamos un sistema que estimule el crecimiento y que imponga racionalidad, sobre todo en las competencias tributarias concedidas a autonomías y municipios», señaló el director general de Aces, Aurelio del Pino.
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