Las empresas deben a la Seguridad Social 2.176 millones en cotizaciones

Aplazar el pago de esas cotizaciones a las empresas que tienen problemas es la salida que ofrece la legislación para que puedan afrontar en tiempo y forma sus obligaciones con el sistema, entre las que ahora también está cotizar por las retribuciones en especie que antes estaban exentas en todo o en parte. Es el caso, por ejemplo, de los vales de comida, las aportaciones a planes de pensiones, ayudas para guarderías, colegios concertados o privados o servicios médicos.

Nuevas cargas que ha caído como una bomba entre las empresas, que alertan de la pérdida de beneficios y de empleo, motivo por el que Mariano Rajoy aseguró la pasada semana que el Ejecutivo discutirá con todas las organizaciones y sectores que se sientan afectados por esta decisión durante el desarrollo reglamentario de la controvertida norma.

Frente a las críticas empresariales, desde el Gobierno se insiste en que la nueva fiscalidad beneficiará a los trabajadores, porque disfrutarán de mayores prestaciones sociales ahora y en el futuro, también a las empresas, dicen, porque introducirá mayores dosis de transparencia y, por último, a las arcas de la Seguridad Social, que se beneficiarán de unos ingresos extra de 900 millones, o de 2.500 millones si además se tiene en cuenta la subida de la base máxima de cotización del 5% o la mínima de los autónomos en un 2% aprobadas este año, según cálculos realizados por Cepyme.

Fuentes del Gobierno insisten a ABC en que la decisión de incluir varios pagos en especie en las bases de cotización se adoptó después de comprobar que «un volumen importante de las retribuciones de los trabajadores estaban derivando hacia conceptos excluidos de la cuota». Una situación, apuntan, que generaba un perjuicio a esos trabajadores, ya que conceptos excluidos del salario suponen bases de cotización más bajas y, por tanto, menos derechos sociales.

La realidad hasta ahora es que el Gobierno ha ampliado desde el 31 de marzo al 31 de mayo el plazo dado a las empresas para que se pongan al día con la Tesorería General de la Seguridad Social los beneficios sociales que tienen contraídos con sus trabajadores, que desde finales del mes de diciembre están sujetos a cotización.

Las empresas están obligadas a incluir esos beneficios sociales en las bases de cotización desde este mes, dado que el decreto entró en vigor el 22 de diciembre. Sin embargo, para las empresas que no hayan podido incluirlos en las liquidaciones a presentar en enero y febrero (correspondientes a las retribuciones de diciembre y enero), la Tesorería General de la Seguridad Social permitirá que se presenten hasta el 31 de mayo, tal y como anunció Rajoy.

El decreto obliga a las empresas a cotizar casi un 31% por estas retribuciones que conceden a sus trabajadores, mientras estos tendrán que cotizar cerca de un 7%. La medida no afecta a los salarios que cotizan por la base máxima, aquellos sueldos brutos superiores a los 43.164 euros.

Las nuevas cotizaciones llegan en un momento en el que el sistema de pensiones está necesitado de recursos económicos. La caída en los ingresos no cede y las pensiones siguen creciendo en número y cuantía, lo que provoca tensiones de tesorería en algunos meses puntuales del año, como los meses de diciembre o julio, en los que reciben las extras los jubilados, lo que ha obligado al Ejecutivo a abrir el Fondo de Reserva en varias ocasiones. La «hucha de las pensiones» cerró 2013 con 53.744 millones de euros, lo que supone 9.264 millones menos que un año antes.

De cada 100 euros que gaste el Estado en 2014, 36 irán a pagar la nómina de los pensionistas, en un año en el que ya ha aumentado la fiscalidad sobre los sueldos en los tramos más altos, lo que afecta a los trabajadores, pero especialmente a las empresas, que son los que aportan la mayor carga. La base máxima de cotización se ha incrementado este año un 5%, igual que ocurrió en 2013, lo que reportará a las arcas públicas ingresos adicionales de 600 millones de euros.

Pero pese a este alza en las bases máximas, los ingresos por cotizaciones continuarán bajando. Las previsiones del Ejecutivo son que este ejercicio se vean reducidos en un 2,9% hasta situarse en 102.839,92 millones. Una cantidad que permitirá sufragar el 78% del gasto de la Seguridad Social. En total, las cotizaciones de trabajadores y empresas caerán en un 3,9%.

Empleo explora en estos momentos vías alternativas de ingresos, entre las que se incluye dejar de financiar con cotizaciones sociales los más de 20.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y orfandad anualmente y pasar, de forma paulatina, a pagarlas con impuestos generales, como le fue reclamado por enmiendas a la ley de reforma de las pensiones por PNV, CiU, Izquierda Plural y UPyD.

En cualquier caso será el Ministerio de Hacienda el que, en último caso, decidirá si las pensiones de viudedad y orfandad terminan financiándose con impuestos. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ya aportó el año pasado casi 16.000 millones de euros para sufragar todas las prestaciones no contributivas y asumir el pago de esas pensiones a corto plazo supondría más cargas para un presupuesto ya de por sí ajustado.