La reforma «recaudatoria» de la Seguridad Social indigna a empresarios y sindicatos

Entre esos nuevos conceptos se incluyen la totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia; las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social (incluye planes y fondos de Pensiones, seguros, etc...), salvo las correspondientes a la incapacidad temporal; las asignaciones asistenciales , excepto las correspondientes a gastos de estudios del trabajador o asimilado cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características del puesto de trabajo; y la totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afirma que España es uno de los países con más cargas sociales, por encima de Alemania o Reino Unido. En consecuencia, no es posible su aumento, dado el impacto que tendrá en la competitividad de nuestras empresas. Recuerdan que «apoyamos, en su momento, los compromisos del Gobierno de reducir las cargas sociales, aspecto este en el que también ha insistido reiteradamente la UE». Pero «llevamos dos años con un incremento del 5% de las bases máximas de cotización que suponen un impacto de 750 millones de euros. Ahora, en el menionado decreto-ley se recoge también un aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, que eso son, y no salario directo, conllevando un castigo con fines recaudatorios , con el que no estamos de acuerdo».

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que las subidas de las cotizaciones empresariales «no solamente no contribuyen a la generación de la contratación ni mejoran la empleabilidad de los trabajadores, sino que, por el contrario, puede perjudicar la recuperación de la actividad empresarial de las pymes y de los autónomos».

Esta organización considera que estos incrementos de las cotizaciones responden a la «necesidad de aumentar los ingresos públicos, ya que si bien no se suben los tipos de cotización, sí lo hacen las bases mínimas y máximas para la inmensa mayoría de las empresas, con especial incidencia en las pymes y los autónomos ».

Asimismo, califica de «injustificada» la desaparición de los aplazamientos en los pagos de las retenciones del IRPF de trabajadores y profesionales (modelo 111), «tan importantes en muchos momentos del ejercicio para las pymes, debido a las frecuentes tensiones de tesorería que provoca la alta morosidad, fundamentalmente del sector público. Un nuevo perjuicio que, por el momento y muy lamentablemente, oscurece el posible impacto positivo del IVA de caja».

Modificación «unilateral»

Por su parte, UGT ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social rechazando la modificación, unilateral, del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se añade como conceptos computables en la base de cotización por contingencias comunes y profesionales determinados conceptos que forman parte de las percepciones no salariales o extrasalariales y que son materias habituales de la negociación colectiva .

Este sindicato denuncia que esta modificación «desincentivará al empresario a la hora de negociar estas percepciones y tendrá importantes efectos en materia salarial». Y acusa al Ejecutivo de cambiar el régimen jurídico de la Seguridad Social «sin diálogo ni acuerdo con las organizaciones sindicales ni empresariales , cuyos representados son los sujetos directamente afectados por estas medidas».