Bruselas pide información al Gobierno sobre la creación de la sociedad pública de autopistas

La dirección de Competencia de la Comisión Europea , encabezada por el también vicepresidente de la institución, Joaquín Almunia, ha solicitado información al Gobierno español sobre la creación de la sociedad pública de autopistas, en la que el Ejecutivo pretende integrar las diez concesiones actualmente deficitarias , la mayor parte de ellas inmersas en concursos de acreedores. En respuesta a un eurodiputado de CiU, Ramón Tremosa, Almunia ha anunciado en el Parlamento Europeo que ha solicitado «información y aclaraciones a las autoridades españolas» sobre la articulación de dicha sociedad y la aprobación de «las medidas mencionadas en la prensa presuntamente concedidas a una serie de concesionarias de peaje privadas».

«El Ministerio de Fomento parece dispuesto a subir de 350 a 480 millones de euros la cuantía que les adeuda en concepto de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las radiales, frente a los 1.200 millones que reclaman las empresas», apunta el eurodiputadio en su pregunta, y especifica que «a cambio les exige que renuncien a ejercitar acciones legales y exoneren al Estado de la responsabilidad patrimonial que mantiene con la titularidad última sobre las autopistas quebradas».

Actualmente, el Ministerio de Fomento y el de Hacienda trabajan en el plan, que se sigue negociando con las sociedades concesionarias (entre las que se encuentran los principales grupos de construcción, ACS, Sacyr, Ferrovial, Abertis, OHL y FCC). El Gobierno, que ya ha recabado el apoyo de la banca nacional para fijar las condiciones de financiación de esta sociedad y debía llegar a un acuerdo antes de final de año, trata de que Ausur y Aucosta -ambas propiedad de la constructora Ploder, que gestiona la autopista AP-7 entre Murcia y Almería- se sume a la fórmula propuesta. Contar con ellas resultaría fundamental para garantizar que la nueva sociedad genere ingresos suficientes para alcanzar al menos el 51% de los gastos previstos, como exige Bruselas para que no compute como déficit público.

Almunia subrayó que cuando reciba la información solicitada realizarán una «evaluación detallada» de las propuestas. Por tanto, la Comisión aún «no puede pronunciarse sobre si las medidas mencionadas constituyen ayuda estatal». Pero si así fuera «tomará todas las medidas necesarias con arreglo a las normas sobre ayudas estatales».