Argentina, sospechosa habitual en romper las normas del comercio mundial
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el día de la expropiación de YPF - afp/daniel garcia

Argentina, sospechosa habitual en romper las normas del comercio mundial

El país que preside Kirchner es el que más demandas acumula en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (50) por conflictos con empresas extranjeras, seguido por Venezuela

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No es la primera vez. El conflicto de Argentina con la petrolera española Repsol por la expropiación de su filial YPF es uno más de una larga lista. El foro al que acuden las empresas para resolver estas controversias da cuenta de ello: Argentina es el país que más demandas acumula en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial destinado a resolver las controversias entre Estados y empresas que surjan respecto a las inversiones de éstas.

En concreto, el país presidido por Cristina Fernández de Kirchner tiene 50 casos pendientes en el Ciadi, según los datos recopilados por ldesa, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, a pesar de que el Gobierno ha anunciado recientemente acuerdos en cinco casos. Le siguen Venezuela, con 37; y Egipto, con 17. Una de las conclusiones que suscita este registro es la alarmante situación de Iberoamérica, donde se concentran 159 de los litigios planteados ante el tribunal. Para Idesa, esta cifra coloca al continente «como una de las zonas más riesgosas para hacer negocios». El total son, según Idesa, 439 casos.

Entre las empresas internacionales que han llevado alguna vez al país austral ante el Ciadi están la petrolera francesa Total, la norteamericana Exxon Mobile o la constructora alemana Hotchief. Pero también ha habido otras españolas, más allá de Repsol, como Telefónica o Gas Natural -que terminaron retirando su reclamación. Los procesos tardan años en resolverse y muchas empresas acaban desistiendo, como también Siemens o France Telecom.

La relación del país austral con el tribunal también genera incidentes. El Ejecutivo iberoamericano se negó a pagar la compensación a las empresas norteamericanas Azurix y Blueridge de 250 millones de dólares, a lo que respondió el Gobierno de Barack Obama con restricciones sobre las exportaciones argentinas. Finalmente, el Gobierno ha aceptado recientemente cumplir con estos pagos.

El Ciadi trata de cubrir un vacío legal en derecho internacional y «proporcionar medios de conciliación y arbitraje a los que puedan someterse las diferencias relativas a inversiones internacionales». Es decir, resolver los conflictos entre Estados y empresas extranjeras por desaveniencias en relación con cambios regulatorios o nacionalizaciones. Como explica su propia página web, en enero de 2013, 158 Estados habían firmado el tratado.