El Gobierno detecta que 520.000 parados cobraban irregularmente

Al término de la rueda de prensa, fuentes del Ministerio de Empleo han precisado que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos (como irse al extranjero) o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas, y, en algunos casos, se trataría de suspensiones temporales, por lo que no sería únicamente referido a trabajadores sin contrato y que cobraban el paro.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que este plan de lucha contra el fraude es el «más ambicioso y el más amplio de la historia reciente de nuestro país».

De los más de 22.500 millones de euros obtenidos por el plan, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. A estos datos hay que sumar, ha indicado la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero.

Por otro lado, la vicepresidenta ha comentado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.

Para el refuezo del plan, Sáenz de Santamaría ha remitido a la incorporación de 121 inspectores y subinspectores, la firma de nuevos convenios con comunidades para luchar contra el fraude (cuatro firmados y otros cuatro próximamente) o con el Colegio de Registradores.

Otro ejemplo concreto expuesto por Sáenz de Santamaría, sobre el alcance de este plan, ha sido en el ámbito del contrabando de tabaco , con 8,7 millones de cajetillas intervenidas en 2012 y 3,9 millones en 2013, además de la localización de una factoría clandestina.

El Gobierno, por voz de su vicepresidenta, ha valorado los resultados del plan contra el fraude como «muy positivos», señalando que ha sido un «elemento clave de esta legislatura», que se nutre ahora de fórmulas novedosas (como las empresas ficticias, ha mencionado Sáenz de Santamaría, cuyas inspecciones han permitido recaudar 557 millones de euros).

La vicepresidenta también ha recordado las sanciones para los parados que rechazan ofertas «adecuadas», que ahora se considera una infracción grave: tres meses sin paro si se desestima una oferta, seis meses si se hace con dos ofertas, y la extinción de la prestación si se hace con tres.