Adiós IPC, hola competitividad

El objetivo principal es suprimir la costumbre que impera en la economía española de actualizar los precios anualmente conforme a un IPC que refleja una cesta de la compra con determinados productos que no guardan relación con muchos bienes que eran gravados con este índice . Por ejemplo, si el precio de los productos cárnicos y el calzado se disparaba eso hacía subir el IPC, y ello propiciaba un incremento del precio, por ejemplo, del transporte. La intención del Gobierno en el proyecto de desindexación de la Economía es que esto se acabe, por considerarlo «poco equitativa e injustificada». Desactivar el efecto de segunda ronda que se genera si al subir el IVA de un producto, el efecto de dicho alza se paga tanto en el producto en sí mismo como en la subida que ésta provoca en el IPC.

Cuando la nueva ley esté vigente, comenzará a ganar protagonismo el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), que quedará como fórmula referencial y se aplicará en los contratos entre privados que voluntariamente lo decidan y en aquellos que habiendo pactado una cláusula de indexación no hubiesen definido una concreta.

El objetivo es recuperar la competitividad perdida desde la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria. El IGC será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que servirá para actualizar algunos precios. Tendrá en cuenta la inflación armonizada, que será corregida con un sustrayendo de la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro. Además, contará con un techo del 2% , el tradicional objetivo de inflación del Banco Central Europeo, y un suelo del 0%. El objetivo de la reforma no es otro que promoveer la no indexación , pero éste nuevo índice de competitividad no se aplicará en ningún ámbito del sector público, sino que servirá como referencia voluntaria para el sector privado.

Esta nueva norma no afectará a pensiones , impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación de los salarios públicos, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

Desde el Ministerio de Economía apuntan que, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,6% del PIB. Y realizan un cálculo por el cual, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias de desindexar la economía sería de unos 700 millones de euros . Ya para 2014, el ahorro podría ser de 350 millones, ya que la inflación acabará este año cerca del 1%.

Ese ahorro, que bien podría destinarse al consumo, será una de las patas que servirían para fortalecer la economía. Así, desde el departamento que dirige Luis de Guindos apuntan a que en caso de un «shock» positivo de dos puntos por un auge de la demanda externa, el empleo crecería un 1,05% más y el PIB un 0,41% más.