Iñigo Méndez de Vigo: «El trato privilegiado de Gibraltar a sus empresas perjudica gravemente a España»

-España está estrechando el cerco sobre diversas prácticas irregulares en Gibraltar.

-El Gobierno tiene la obligación de hacer que se respete la legislación española y de la UE y luchar contra las prácticas irregulares en la colonia en aspectos como el contrabando o el medio ambiente. No vamos a hacer dejación de nuestras responsabilidades y adoptaremos cuantas medidas sean oportunas para poner fin a los incumplimientos.

-¿Cuándo habrá una solución a este conflicto?

-Hay que recordar que España planteó, a principios de 2012, una nueva oferta de diálogo consistente en negociar entre el Reino Unido y España en los temas relativos a la soberanía y a cuatro bandas en materias que no afectasen a la soberanía o la jurisdicción porque si las autoridades británicas argumentan que las competencias medioambientales o pesqueras las ejercen las autoridades gibraltareñas, por nuestra parte argüimos que, en el caso español, dichas competencias están residenciadas en la comunidad autónoma o en la mancomunidad del campo de Gibraltar. Lamentablemente, a pesar de nuestra plena disponibilidad para ello y de la propuesta del ministro Hague en su carta dirigida al ministro García Margallo el 14 de abril de 2012, ninguno de los diálogos ha podido iniciarse hasta la fecha.

-¿Qué esperan de la delegación europea que investigará, entre otras cosas, ese tipo de actividades?

-Nos parece excelente que una visita de expertos de la Comisión pueda comprobar la situación sobre el terreno y facilitar el inicio de cuantos procedimientos resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento del derecho de la Unión Europea.

-¿Cuándo llegará esta delegación?

-En este momento estamos en contacto con la Comisión Europea para fijar unas fechas de esta misión.

-La OCDE no considera que Gibraltar sea un paraíso fiscal. Pero tiene 21.770 empresas registradas y sólo el 10% de ellas pagan impuestos. ¿Es un paraíso fiscal?

-Es cierto que para la OCDE actualmente Gibraltar no es calificado como paraíso fiscal, en atención a que formalmente se han suscrito acuerdos de intercambio de información fiscal de Gibraltar con distintos países. Sin embargo, el Reino Unido, como Estado responsable de las relaciones exteriores de Gibraltar, no ha firmado un acuerdo de este tipo con España. Por ello, este territorio sigue siendo un paraíso fiscal en el ordenamiento jurídico español y figura incluido en el listado que se aprobó en 1991. Este listado incluye un total de 48 países o territorios considerados paraísos fiscales y territorios no cooperantes.

-¿Esta economía irregular perjudica a España?

-Los problemas tributarios con Gibraltar son más amplios. El trato privilegiado que dispensa a sus miles de sociedades extraterritoriales distorsiona la libre competencia y el mercado interior en la UE. Ello perjudica gravemente a las empresas españolas, por lo que España denunció el pasado año el régimen contenido en la «Income Tax Act» de 2010. Este régimen constituye una ayuda de Estado ilegal y perpetúa el régimen anterior, que en su día fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

-España se queja de la opacidad del régimen fiscal del Peñón, que está obligado a aportar información en fiscalidad por la directiva europea 2011/16/UE. ¿Cómo funciona este canal? ¿Oculta Gibraltar información?

-La Directiva 2011/16/UE resulta de aplicación desde el pasado 1 de enero y constituye un cauce adecuado para el intercambio de información entre administraciones tributarias de los estados miembros para la liquidación de los tributos. España ha remitido a Gibraltar a través de Reino Unido varios requerimientos de información y estamos a la espera de recibir la información. No obstante cabe recordar, entre otros abusos, que en España existen unos 6.700 gibraltareños con residencia legal en nuestro país pero con residencia fiscal en Gibraltar que se benefician de nuestras infraestructuras y servicios sociales sin pagar los correspondientes impuestos.

-Las incautaciones de cigarrillos han aumentado más de un 200% en los últimos dos años. ¿Cómo se puede luchar contra esta práctica?

-Gibraltar no forma parte de la Unión Aduanera como se establece en el Acta de Adhesión del Reino Unido a las entonces Comunidades Europeas ni al Espacio Shengen por lo que los controles para velar por el cumplimiento del derecho comunitario son una obligación y un derecho para España. En relación con la lucha contra el contrabando los datos de que disponemos resultan muy preocupantes, como hemos señalado a la Comisión. La no consideración de Gibraltar como territorio aduanero comunitario (y la no aplicación del régimen común del IVA y los Impuestos especiales a dicho territorio) ha favorecido el incremento de contrabando, como demuestra el hecho de que entre 2010 y 2012 las aprehensiones de cajetillas de cigarrillos hayan aumentado en un 213%. También es llamativo que en 2012 se importaron en Gibraltar la cantidad de 140 millones de cajetillas en contraste con su población de 30.000 habitantes. Son, por lo tanto, controles obligatorios e irrenunciables para nuestro país en ejercicio de sus responsabilidades, plenamente adecuados al Código de Fronteras Schengen y guiados exclusivamente por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación.

-¿Siguen con los planes de imponer un peaje por atravesar la frontera?

-No se trata de un peaje exigible por el cruce de una frontera. Lo que se está considerando es el establecimiento de una tasa que gravaría la utilización de una vía de dominio público en la Línea de la Concepción, atendiendo al gran volumen de tráfico que se registra en dicha localidad y los efectos que tiene sobre el medio ambiente y sobre las condiciones de vida de sus habitantes y con cuya recaudación se podría luchar contra estos efectos medioambientales. La propuesta que presente España será plenamente compatible con las normas comunitarias, especialmente las que se refieren a la libre circulación de personas, de mercancías, servicios y capital.

-¿Cómo quedará la relación con Reino Unido después de esta polémica?

-España viene proponiendo, desde hace más de año y medio, el diálogo y la concertación para encontrar soluciones, dentro del pleno respeto a la legalidad y a la normativa de la UE. La tensión que se vive en la actualidad en Gibraltar es una clara muestra de la necesidad de retomar este diálogo. Con todo es imprescindible recordar que España seguirá defendiendo que las normas en materia medio ambiental, fiscal, de aduanas y de libre circulación establecidas en el marco europeo se cumplan.