El Gobierno pide a la banca que apoye el mercado de renta fija para pymes
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre - efe

El Gobierno pide a la banca que apoye el mercado de renta fija para pymes

Las empresas que coticen en el nuevo mercado, listo en otoño, deberán tener un informe de riesgo crediticio y dos ejercicios sin salvedades

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El Gobierno no quiere perder más tiempo. Es un proyecto que tiene entre manos desde prácticamente septiembre del año pasado y urge como nunca enderezar la situación de las pymes españolas. Ya Bruselas, en el memorando de entendimiento con el que se articuló la ayuda europea a la banca española, llamó la atención al respecto. Fue antes del verano de 2012. Así, y si todo empieza a encajar, el nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija para Pymes echará a andar en otoño, entre octubre y noviembre. Ahora bien, faltan ciertas aristas que pulir, por ejemplo, la participación de la banca española. Según ha podido saber ABC, el Gobierno ha transmitido ya a los principales banqueros del país su interés por tener su apoyo en este proyecto.

Los «líderes» del mismo —el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre; el director general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa; y, la vicepresidenta de la CNMV, Lourdes Centeno— han pedido a las entidades financieras españolas ayuda para montar cuanto antes el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), y que sean ellas las que compren los bonos que emitan las pymes españolas. El ICO —dicen las mismas fuentes conoceras del proyecto del Gobierno— será quién proporcione liquidez al mercado. Así, la pyme emite bonos, el banco los compra y si éste necesita hacerlos líquidos se los vende a su vez al ICO.

El objetivo es impulsar la financiación no bancaria de las pymes. Por ello, el Ejecutivo pretende que las pequeñas y medianas empresas españolas tengan otras fuentes de financiación, más allá de la procedente de los bancos, en un momento aún de restricción del crédito. En este mercado las pymes que necesiten financiación podrán emitir bonos, pero no más de 50 millones de euros. Se colocarán en el mercado institucional y los particulares podrán participar con una compra mínima de 100.000 euros. En un principio, el objetivo de este mercado alternativo es que se produzcan entre 20 y 30 emisiones al año, de entre a partir de entre 20 y 25 millones de euros de media, si bien aún no se descarta que puedan producirse a partir de 10 millones. La compraventa no tendrá retención fiscal.

Así, las pymes, pese a su menor tamaño, lograrán financiarse a través de las emisiones de renta fija, una tarea hasta ahora reservada a las grandes corporaciones, siempre y cuando las condiciones del mercado sean lo bastante favorables como para no pagar esa financiación a precios de oro.

Las mismas fuentes afirman que los requisitos que tendrán que cumplir las pymes para llevar a cabo las emisiones serán «más flexibles» que los existentes en mercados secundarios oficiales, pero lo «suficientemente exigentes» para asegurar la confianza de los inversores en materia de transparencia e información sobre la solvencia de la empresa.

Mover 1.000 millones en un año

La aspiración del Gobierno es que este mercado –una réplica del Mercado Alternativo Bursátil pero para la renta fija de pequeños emisores– en su primer año de vida sea capaz de mover unos mil millones de euros, con una rentabilidad que podría situarse entre el 6% y el 10%. La plataforma electrónica de contratación tendrá un horario de 9 de la mañana a 4,30 de la tarde y las órdenes deberán tener un precio límite. Todas las operaciones se difundirán al final de la sesión.

Para lograr la confianza de los posibles inversores a las pymes que participen se les exigirá cuentas anuales auditadas sin salvedades de los dos últimos ejercicios. También deberán contar con un informe de evaluación crediticia y de riesgo de la emisión o un informe de solvencia. Para otorgar dicha calificación se habla de la agencia calificadora Axesor, que está certificada por la Autoridad Europea de Acciones y Mercados y que ha sido quien ha preparado para el Ejecutivo un documento del proyecto con todas las líneas a seguir, en manos del Ministerio de Economía desde hace meses.

Auditorías y hechos relevantes

En concreto, el Gobierno ha transmitido a los banqueros que a las pymes se les exigirá cuentas anuales auditadas, informes semestrales y publicación de hechos relevantes. El folleto, documento necesario en las emisiones en mercados secundarios, sería sustituido por un documento informativo más simplificado y con un formato estandarizado, pero aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el documento elaborado para Economía por Axesor se especifica que en España habría un grupo de unas 780 empresas susceptibles de emitir deuda en este mercado de forma inmediata, con un ebitda superior a los 12 millones de euros, un rating estimado superior o igual a ‘B’, un ratio de deuda financiera sobre el beneficio inferior a 3,5 veces, un incremento de la facturación y el ebitda igual o superior al 5% entre 2011 y 2012 y una facturación internacionalizada y diversificada. El 53% de estas compañías pertenece al sector industrial y el 24% al sector comercial.

El objetivo del MARF es es que las pymes sanas tengan liquidez a corto plazoEn el borrador del proyecto se especificaba también que el objetivo del mercado (MARF) es desarrollar un mecanismo que permita a las empresas «solventes y sanas» acceder a liquidez a corto plazo, atrayendo el capital de inversiones institucionales nacionales y extranjeros principalmente. De hecho, en España la financiación no bancaria de las pymes apenas representa el 22%, frente al 55% de Francia, el 45% de Alemania o el 70% de Estados Unidos.

Además, para asegurar el éxito de este nuevo mercado, el Gobierno, el Tesoro y la CNMV han estudiado la posibilidad de articular incentivos fiscales que, al menos, equiparen el tratamiento de la inversión en este mercado al que recibe la inversión en mercados secundarios oficiales. Estos incentivos —dicen fuentes conocedoras de las reuniones entre Gobierno y banqueros— podrían establecerse tanto para la inversión directa, como para la inversión a través de un vehículo de inversión que invirtiera al menos un porcentaje predeterminado en este tipo de valores.

En cuanto a las emisiones, las fuentes consultadas precisan que si bien está confirmado que se articularían a través de bonos, no se han descartado los pagarés, principalmente a corto plazo, aunque aún tampoco se ha descartado la negociación también de instrumentos a largo plazo. «Esto permitiría al emisor obtener economías de escala si decidiera emitir diferentes instrumentos y al inversor, encontrar el instrumento que más se adecúe a sus objetivos de rentabilidad-riesgo», añade.