Joaquín Almunia, con el palo entre las ruedas del Gobierno
Muchas de las decisiones y declaraciones del comisario han estado rodeadas por la polémica - afp

Joaquín Almunia, con el palo entre las ruedas del Gobierno

El Ejecutivo, cada vez más indignado con un comisario que sólo le crea problemas

luis ayllón
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Joaquín Almunia es del mismo Bilbao, cosa que, probablemente, imprime carácter. Pero mucho más marcado va a quedar Almunia entre los trabajadores del sector naval, que nunca hubieran pensado en tener que culpar de la preocupación por sus puestos de trabajo a quien en los primeros años de la Transición en España era el responsable de Economía de UGT y llegó a ser, con solo 34 años, ministro de Trabajo con Felipe González.

La realidad, sin embargo, es que Almunia, aquel secretario general del PSOE derrotado en 1998 en unas primarias por José Borrell y, después en 2000, en las urnas, por José María Aznar, de forma abrumadora, es capaz de compatibilizar un sueldo superior a los 27.000 euros mensuales como vicepresidente europeo y Comisario de Competencia con una leal militancia socialista. Tanto es así que ni siquiera se priva de utilizar, en ocasiones, un lenguaje populista contra los grandes inversores, que llama la atención en los ambientes de Bruselas.

Su socialismo ha podido ser constatada, una y otra vez, por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año y medio que lleva en La Moncloa. En este tiempo, entre las actividades de Almunia, ha ocupado un lugar importante su afición a meter palos en las ruedas del Ejecutivo, algo que ha sorprendido, incluso, a muchos de sus compañeros en el Colegio de Comisarios. Y no sólo sorprendido, sino molestado, especialmente, cuando invadía competencias ajenas, como en el caso del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Oli Rehn. Porque Almunia se ha prodigado a la hora de hacer comentarios sobre la situación económica de España en cuanto tenía enfrente un micrófono, provocando, muchas veces, dudas sobre el sistema financiero español, con las consiguientes repercusiones nocivas en los mercados.

Entre los sucesos que más molestaron al Gobierno de Rajoy se encuentra la información difundida en febrero del pasado año por la agencia de noticias Reuters, en la que, citando a «un alto cargo de Bruselas», se decía que Rajoy había maquillado al alza las cifras del déficit recibido del Gobierno socialista, con el fin de atribuirse las mejoras que se alcanzaran. Las miradas se dirigieron hacia Almunia como filtrador, sobre todo porque, poco después, declaró que España estaba al borde del rescate.

Naturalmente, Almunia desmintió su participación en la noticia de Reuters, pero continuó haciendo manifestaciones que en nada ayudaban a España, como cuando recordó públicamente al Gobierno que la subida del IVA era una de las recomendaciones de la Comisión Europea para lograr la consolidación fiscal.

Para remate, hasta hizo una incursión en el problema del independentismo catalán, afirmando que era «apresurado» decir, como había hecho un portavoz de la Comisión Europea, que Cataluña saldría de la UE si se independizaba, tesis de las autoridades españolas.

Al Gobierno esa situación no le parecía normal, porque entendía que, si bien es cierto que los comisarios deben defender los intereses europeos, estos no son diferentes de los intereses de los Estados. Y en todos los países –aseguran fuentes que conocen bien el mundo comunitario– hay una relación muy estrecha entre el Gobierno y «su» comisario, lo que no ha sucedido en España en este año y medio.

Tal vez por ello, Rajoy invitó a Almunia a La Moncloa, en junio de 2012. En algunos medios se dijo que el encuentro fue muy tenso, pero fuentes gubernamentales aseguran que no, aunque sí se habló de la relación que debía existir entre el Ejecutivo y el comisario español, incluso si pertenece al principal partido de la oposición. El caso de las ayudas a los astilleros revela que Almunia no tomó nota de las sugerencias de Rajoy. Pese a todo, afirma un alto cargo del Gobierno, «nunca se ha pensado en cesar a Almunia». El relevo se hará cuando termine su mandato, en noviembre de 2014, meses después de que se hayan celebrado las elecciones europeas.