El Gobierno reforzará el control de los cargos públicos para evitar el blanqueo
Luis de Guindos, en primer plano, junto a Sáenz de Santamaría y Ana Pastor, el pasado viernes - JAIME GARCIA

El Gobierno reforzará el control de los cargos públicos para evitar el blanqueo

La nueva normativa afectará a más de 300.000 personas, desde el Rey a partidos, sindicatos, patronales y concejales, así como a sus familias

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El Gobierno está decidido a aumentar los controles para prevenir el blanqueo de capitales y evitar casos de corrupción como los que han proliferado en España en los últimos años al calor del «boom inmobiliario» y bajo el paraguas del poder político.

Con este objetivo, el Ministerio de Economía ha diseñado, con la coordinación de la vicepresidenta Sánez de Santamaría, una reforma de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La intención es fijar lo antes posible un control reforzado sobre más de 300.000 «Personas Expuestas Políticamente» (PEP).

Estos nuevos controles permitirán a entidades financieras, notarios y registradores enviar alertas tempranas al Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los posibles movimientos bancarios sospechosos, operaciones de compraventa o creación de sociedades que no se correspondan con la actividad pública que realizan y puedan entrañar riesgo de blanqueo. Son controles y procedimientos similares que ahora se aplican a los no residentes que abren una cuenta bancaria, y sobre cuyos movimientos, siempre que se superen determinados parámetros que se consideren de riesgo, se envía un informe de inteligencia financiera al Sepblac, y de ahí los datos llegan a la Policía y al Ministerio Fiscal.

El proyecto de reforma, al que ha tenido acceso ABC, prevé que este control reforzado se aplique a aquellas personas que «desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en territorio nacional, en estados miembros de la UE o terceros países, tales como jefe de Estado, presidente del Gobierno, ministros u otros miembros del Ejecutivo y demás cargos de la Administración del Estado». También se incluye en esta larga lista a parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con la inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal;los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas, y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración de una organización internacional.

En el ámbito autonómico, estarán sometidos a estos controles los presidentes, consejeros o miembros del consejo de gobierno, así como los altos cargos y diputados autonómicos. Y en la administración local se someterán los alcaldes, concejales y demás cargos electos en municipios de más de 5.000 habitantes.

Por último, la norma afectará también a cargos de alta dirección en organizaciones sindicales y empresariales, así como en partidos políticos y a los miembros de los órganos de administración, de gestión y de supervisión de empresas públicas.

En todo caso, la intención del Ejecutivo es que la norma deje claro que esta supervisión especial no afectará a empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

Las entidades financieras o de seguros, así como todos los sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales, como son los funcionarios públicos de registros y notariados, deberán aplicar protocolos para determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública y deberán obtener autorización de algún directivo para establecer o mantener relaciones de negocios. Además, se exigirá que adopten medidas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos y a realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.

También a sus familias

Estas medidas no sólo se aplicarán a las personas con responsabilidad pública, sino también a sus familiares y allegados, entendiéndose por tal el cónyuge o la pareja del mismo, padres, hijos, yernos y nueras o parejas de los hijos. Asimismo, se considerará allegado a los cargos públicos, y tendrán el mismo control, aquellas personas físicas o jurídicas que compartan la titularidad de un instrumento financiero o de una empresa.

Las medidas de control especial se mantendrán hasta dos años después de que las citadas personas con responsabilidad pública dejen sus cargos.

Con estas medidas, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende complementar l a ley de transparencia y tratar de evitar al máximo que se repitan episodios de corrupción como los que se han vivido en ayuntamientos, autonomías y partidos políticos de todos los colores.