Nace la licencia única para toda España

La licencia única pondrá fin a una de las principales trabas que encontraban las empresas que querían operar en España, al chocar con 17 regulaciones diferentes , una por cada comunidad autónoma. Cuando se apruebe la ley en el Parlamento, las empresas tendrán que pedir una sola licencia de actividad, en una comunidad, y a partir de ahí podrán comercializar sus productos en toda España sin más exigencias, ajustándose únicamente a la normativa de su comunidad de origen. Únicamente podrán imponer determinadas condiciones a las empresas de servicios y siempre que estén objetivamente justificadas por motivos de orden público, seguridad o salud pública.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, « es una de las reformas más importantes , demandada por todos los operadores nacionales y extranjeros, y tiene como objetivo mejorar la competitividad de la economía española y aclarar el caos de la maraña administrativa existente en España». El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que se han detectado 6.000 normas contrarias a la unidad de mercado en 28 sectores, entre todas las administraciones públicas, tanto ayuntamientos y comunidades como en el Estado. La norma se ha remitido al Congreso y se tramitará por la vía urgente .

Con la nueva ley se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador. Por ejemplo, una autonomía o un ayuntamiento no podrá condicionar la participación de una empresa en un concurso público a que esta tenga su sede en esa región o municipio.

Otro de los fines que busca el Ejecutivo popular con esta norma es incrementar la cooperación administrativa , con un intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino. Los principios de «confianza mutua» y el de colaboración entre las administraciones serán pilares de esta ley, según explicó ayer Santamaría.

Código de buenas prácticas

El Gobierno viene insistiendo en este sentido en que la ley de Unidad de Mercado no tiene una voluntad de recentralizar competencias. De hecho, las autonomías mantienen sus competencias legislativas al respecto y seguirán siendo las encargadas de conceder las autorizaciones a las empresas.

Eso sí, se creará un Consejo Nacional de Unidad de Mercado, presidido por el ministro de Hacienda e integrado por los ejecutivos regionales que tratará de coordinar las diferentes normas. Ese ente elaborará además un código de buenas prácticas para que las diferentes normas que puedan aprobar las autonomías se ajusten a los criterios de necesidad, simplicidad, proporcionalidad, mínima distorsión, transparencia y coherencia.

Se agilizará además el procedimiento de resolución de conflictos. La futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) podrá recurrir en la vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado. La admisión a trámite del recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos, y los operadores podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional.

El impacto económico que tendrá la ley será un aumento del PIB del 1,52% en 10 años, es decir, 1.500 millones de euros cada año , un aumento de la productividad del 1,23%, del consumo (+1,8%), de la inversión (+0,51%) y de las exportaciones, que gozarán de un impulso del 0,8% en ese periodo, según Economía.

La norma supondrá además una reducción de costes, sobre todo a las pymes. Las cargas administrativas, tanto nacionales como europeas, suponen ahora mismo para las empresas un coste equivalente al 4,6% del PIB español. El Ministerio de Economía calcula que esta reforma les permitirá reducirlos en un 35%, pudiendo, por ejemplo, liberar a su personal encargado solo de estudiar las diferentes normas regionales.

La vicepresidenta del Gobierno apuntó ayer que el Consejo de Estado ha respaldado la constitucionalidad del proyecto de ley, sin observaciones esenciales que exigieran modificar el anteproyecto que se aprobó a finales de febrero. Y solo Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco rechazaron una norma que pretende impulsar la economía.