La ley, según Sáenz de Santamaría, es una de las reformas "más importantes" y tiene como objetivo de elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España. La norma se ha remitido a las Cortes Generales y se tramitará de urgencia.

Para conseguirlo, se basa en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho. En concreto, una vez se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España. Además, la ley de unidad de mercado impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que será presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Montoro presidirá el consejo

Preguntado sobre la razón por la que Montoro presida este consejo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha justificado esta decisión en que el titular de Hacienda también lo es de Administraciones Públicas, sobre las que se basa la nueva norma. Así, pretenderá la aplicación de buenas prácticas regulatorias en todas las administraciones y se basará en el principio de cooperación entre todas las administraciones públicas y de no discriminación, por lo que no se exigirán requisitos diferentes para participar en el concurso de una determinada administración.

Asimismo, facilitará que los ciudadanos puedan poner de manifiesto la quiebra de la unidad de mercado si así fuera. Así, cualquier persona podrá acudir a la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia que podrá incluso iniciar un proceso contencioso administrativo.

Por otro lado, la norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración.

Por su parte, el ministro de Economía ha recordado que eliminar este "obstáculo" a las empresas se ha recomendado en varias ocasiones por organismos internacionales, como la CE y el FMI. De Guindos ha concretado que se han detectado cerca de 6.000 normas en 28 sectores entre las distintas administraciones públicas. "En España existe una fragmentación de mercado por la regulación que afecta sobre todo a pymes. La nueva norma favorece la actividad empresarial", ha explicado.

El ministro ha puesto de manifiesto la voluntad del Gobierno de eliminar la "regulación inútil" que lastra la competitividad y dificulta la inversión extranjera en España. Sobre el etiquetado en diferentes lenguas al castellano, el titular de Economía ha aclarado que este tema no supone un "obstáculo básico" para impulsar la nueva ley.

37 observaciones

El texto legal que hoy ha aprobado el Gobierno para su tramitación parlamentaria se publicó en la web del Ministerio de Economía para que todas las administraciones, instituciones, organismos y ciudadanos que lo estimaran oportuno pudieran enviar observaciones y se inició entonces un exhaustivo proceso de audiencia pública. Durante el trámite se han recibido un total de 37 observaciones y 15 informes preceptivos.

En particular el Gobierno ha recabado informes de la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Entidades Locales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social, Consejo de Consumidores y Usuarios, Agencia de Protección de Datos, Abogacía General del Estado y, finalmente, Consejo de Estado.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el Consejo de Estado ha dado su respaldo a la norma desde el punto de vista constitucional y no ha realizado observaciones esenciales, si bien hace diversas propuestas dirigidas a mejorar la norma.