Emprendedores, sin riesgo no hay beneficio
El ICO, actor creciente en la recuperación del sector financiero nacional - Valladolid foto heras

Emprendedores, sin riesgo no hay beneficio

Las ayudas públicas a las nuevas empresas supondrán 2.000 millones al año

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Las raíces de las palabras contienen marcas del pasado que reflejan problemáticas aún vigentes. Así sucede con el término «empresa», procedente del latín «prehendere», cuyo significado es «emprender algo que implica trabajo o presenta dificultades». De esta acepción, adquirió un segundo significado referido a compañía o sociedad. En la etimología el peligro va asociado al sentido de crear una empresa. A fin de cuentas, sin riesgo no hay negocios y sin negocios no hay actividad ni empleo. Sin embargo, en un momento de recesión galopante y más de seis millones de parados, en nuestro país faltan empresas y emprendedores, pero también mimbres que no hagan que el riesgo torne en temeridad.

Por ello el objetivo del Gobierno es proteger el «derecho al fracaso» para espolear la iniciativa privada. Así, entre la batería de medidas que conforma el proyecto de ley de emprendedores se encuentran facilidades fiscales como la opción voluntaria del nuevo régimen de IVA con criterio de caja que se aplicará a partir de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a dos millones de euros. De esta medida podrán beneficiarse 1,3 millones de personas físicas y más de un millón de pymes a las que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas. En total, pymes y autónomos ahorrarán 2.000 millones al año con la futura ley.

El proyecto se completa con tipos reducidos para sociedades de nueva creación y autónomos que inicien su actividad durante dos períodos impositivos, deducciones del 10% en los beneficios reinvertidos de nuevo en la actividad económica, contratos incentivados, cotizaciones reducidas y menores trámites para la creación de empresas. En la actualidad, el tiempo medio para crear una empresa en España es de 28 días, un periodo superior al resto de países de nuestro entorno que se sitúa en 15 días (Alemania), 13 días (Reino Unido), 7 días (Francia) y 6 días (Italia). El reto del Ejecutivo es reducirlo a entre 24 y 48 horas.

«Dentro del proyecto de ley hay medidas que impactarán de forma más directa que otras. Los apoyos fiscales son los que más beneficiarán: todo lo que sea generar un flujo de caja en nuevas compañías, sobre todo en sus inicios, es positivo en estos momentos», considera Daniel Soriano, director del centro internacional de gestión empresarial del IE Business School que también destaca los esfuerzos de internacionalización, «imperativos con una demanda nacional contraída».

Modelo israelí

En este nuevo escenario, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) jugará un papel «fundamental», como aseguró su presidente, Román Escolano, en los XII Encuentros Santander-América Latina celebrados esta semana y organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El ICO ya mantiene líneas de mediación dirigidas a pymes por valor de 22.000 millones de euros. Escolano recordó que el crédito que concede el organismo a pymes con plazo menor a un año ha crecido hasta ahora hasta el 12% del total en nuestro país.

Así, la crisis ha forzado al instituto a ser un actor creciente en el sector financiero nacional. Como describió Escolano, el ICO ha venido actuando como instrumento contracíclico, pasando de tener un balance de 32.750 millones de euros en 2006 a 112.780 millones el pasado año: el 3,5% del activo del sistema financiero.

Junto a los préstamos a pymes, el nuevo enfoque de la institución va dirigido a apostar por el mercado del capital riesgo ya que, en palabras de Escolano, el «giro de la percepción a positivo de la economía española» hace que sea un momento propicio para ello. El empuje a a la industria se realiza «a imitación del modelo israelí», si bien admitió que el capital riesgo aún es «pequeño» en España.

El objetivo es ampliar la minoría que supone el sector. El objetivo del ICO se traducirá en un apoyo redoblado de 1.200 millones de euros en el «mayor fondo de fondos» de España, una red de organismos ya creada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que servirá para realizar «inversiones ancla» que atraigan a financiadores privados. En total, el impacto de esta red de fondos auspiciada por el ICO, según estima su presidente, será de 3.000 millones, sumando las inversiones privadas. Todo sea para aprovechar el riesgo y transformarlo, al fin, en capital y empleo.