El juez acusa a Díaz Ferrán de ocultar millones en el extranjero

Dos años después de declararse el concurso de acreedores del Grupo Marsans (a finales de junio de 2010) y 17 meses más tarde de que la Audiencia Nacional abriera diligencias penales contra sus máximos responsables (a principios de febrero de 2012), Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la compañía y de la CEOE, y su socio Angel de Cabo, conocido liquidador de empresas, seguían aprovechándose del patrimonio que fueron ocultando de forma progresiva hasta su detención el pasado 3 de diciembre. Así lo admite el juez instructor del caso, Eloy Velasco, en una resolución conocida este viernes, por la que ordena la administración judicial de hasta 35 sociedades que han venido utilizando para “esconder” sus activos reales a los acreedores.

Unas prácticas de las que también participó hasta su fallecimiento (el 21 de junio de 2012) Gonzalo Pascual, excopropietario de Marsans, y de la que luego se habrían ido aprovechando sus herederos, quienes figuran entre la quincena de imputados en esta causa. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, existen “numerosos indicios” que apuntan a que “en su día concertaron un plan con fines presuntamente fraudulentos”, cuyo fin era “alzar y ocultar bienes desde junio de 2010”, es decir, desde el momento en que las acciones del grupo turístico fueron traspasadas a De Cabo y poco antes de que fuera declarado su procedimiento concursal.

El juez cita hasta una decena de “maquinaciones” distintas con las que fueron detrayendo bienes, que en gran parte acabaron dentro del entramado empresarial creado al efecto por De Cabo, tanto de su propio patrimonio personal como de varias empresas del Grupo Marsans. Así, por ejemplo, apunta desde las ventas “ficticias” de elementos “solventes” a la sociedad Posibilitum Business (cabecera de dicha red) hasta traspasos con precio “simbólico”, donaciones a los hijos de Pascual, operaciones con testaferros y ocultación de patrimonio “valioso sito en el extranjero (EE UU, Portugal México, Países Bajos…)”. Entre las cosas que cambiaron de manos de forma más que sospechosa figuran fincas a nombre de Pascual en Portugal por valor de más de cinco millones de euros, o el yate personal de Díaz Ferrán (con un precio estimado en 3,5 millones) que fue “exportado” de forma irregular a otro país.

“Detraer patrimonio y dinero”

El fin en todos los casos era “detraer patrimonio y dinero que, en vez de destinarse a solventar las deudas con sus acreedores, se dirigieron a su beneficio particular”, lo que en opinión del instructor podría haber constituido un delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible (castigados con penas de hasta cuatro años de prisión), que serían antecedente de otro delito de blanqueo de capitales (penado con hasta seis años de cárcel). Un comportamiento supuestamente ilícito que, según denuncian también la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, continua vigente prácticamente hasta el día de hoy a través del control irregular de sociedades que “siguen generando ingresos”, por ejemplo, con el alquiler de transportes turísticos o de amarres para barcos, entre otras muchas actividades.

Aunque la Audiencia Nacional no ha podido cuantificar ese patrimonio oculto –Velasco sólo apunta que “se han encontrado diversos almacenamientos de activos por millones de euros” en España y en el extranjero, tanto en cuentas bancarias como mediante empresas interpuestas, “algunas de ellas en países con extrema opacidad o en paraísos fiscales”. Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo fueron declarados culpables hace dos semanas del concurso de acreedores del Grupo Marsans, "paradigma de la generación y agravación continuada dolosa (es decir, con la voluntad deliberada de cometer un acto ilícito a sabiendas de que lo es) de una insolvencia", y condenados por ello de forma solidaria (la familia de Pascual lo evitó al renunciar en su día a su herencia) al pago de unos 425 millones de euros para cubrir su déficit patrimonial.