Bañez promete un debate «transparente y honesto» sobre las pensiones

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras recibir el documento acordado por el comité de expertos a los que se le encargó un primer diseño de este mecanismo para garantizar la solvencia del sistema.

Báñez dedicó palabras de agradecimiento a los expertos y destacó su «profesionalidad y honestidad», al tiempo que destacó quie su trabajo ha sido «duro» y se ha hecho un «tiempo récord». «Es de agradecer que aporten un debate transparente y honesto», ha dicho, para añadir que «lo que se propone hoy es el fortalecimiento del modelo de Seguridad Social». Dicho esto, ha insistido en que se abre una doble vía de tramitación en el Pacto de Toledo y en el Congreso de los Diputados, una vez se cuente con un proyecto de Ley. Dicho debate, ha dicho, «dará tranquilidad a los pensionistas de hoy y mañana».

El presidente del comité de expertos encargado de diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones, Víctor Pérez-Díaz, ha dejado claro en rueda de prensa tras hacer entrega del documento al Gobierno que se trata de «una propuesta» y que ahora se abre «un horizonte de decisiones políticas».

«El comité es de expertos que tratan de aplicar criterios de prudencia y sensatez, no de profetas», ha aseverado, antes de destacar el «éxito» que, a su juicio, ha supuesto el hecho de que el informe haya sido aprobado con un «amplísimo consenso». Concretamente, ha contado con 10 votos a favor, uno en contra del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga y la abstención del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE José Luis Torturero.

Estos últimos han presentado sendos votos particulares al texto presentado, al que se ha unido un tercero del responsable del Gabinete Económico de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz, a pesar de que ha votado a favor, lo que ha despertado cierta polémica.

El rueda de prensa, García Díaz ha justificado este voto positivo al considerar que las fórmulas propuestas son «muy robustas técnicamente» y que el informe incluye una «advertencia clara y meridiana de los riesgos y retos que le esperan al sistema de pensiones, así como de que el diseño del factor de sostenibilidad queda en manos de la política».

Además, considera que su voto es «compatible» con el informe por cuanto estima que el factor debe aplicarse en 2019, fecha que se incluye en la horquilla propuesta por los expertos. Por su parte, Santos M. Ruesga señala en su voto particular su «desacuerdo total» con el informe porque «no hay una necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones» y porque, a su juicio, la solvencia del sistema debe reposar sobre todo en una aportación creciente de los recursos públicos. Finalmente, Torturo justifica su abstención en que las respuestas a los retos del sistema de pensiones deben darse en el marco de la reforma de las pensiones de 2011.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en materia de Empleo en el Congreso, Joan Coscubiela, ha rechazado que el informe sobre el factor de sostenibilidad presentado este viernes por el comité de expertos tenga ninguna legitimidad, y ha asegurado que su grupo se opondrá a «cualquier intento de degradar» el sistema público de pensiones.

El secretario ejecutivo federal de Política Económica y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, también ha considerado «inaceptables y orientadas a favorecer los planes privados de pensiones» las conclusiones y propuestas contenidas en el «documento aprobado hoy por ese supuesto'grupo de expertos imparciales' nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy como coartada para una reedición actualizada del 'pensionazo».

El responsable de IU afirma en un comunicado que la reforma propuesta «profundiza y agrava los peores aspectos» de la que aprobó el Gobierno del PSOE la legislatura pasada, y ha indicado que la coalición «plantará cara» a estos nuevos cambios, «que no son más que un intento del PP por aprovechar la grave crisis económica para quitar derechos a los pensionistas presentes y futuros que no puedan pagarse un plan privado y, al tiempo, cumplir con las directrices impuestas por la troika europea».