Exdirectivos de Caja Madrid reconocen irregularidades en los créditos a Díaz Ferrán

El primero de ellos, Ildefonso Sánchez, exdirector financiero de la entidad, admitió que la consejería de Economía y Hacienda de la comunidad de Madrid no fue informada con carácter previo de la ayuda financiera prestada a Díaz Ferrán, entonces dueño del grupo Viajes Marsans, pese a que por su cuantía significativa la ley establecía ese control preceptivo. No obstante, señaló que las autoridades regionales “siempre” autorizaban los créditos a los consejeros de la caja; así ocurrió aquí, aunque el ‘visto bueno’ llegó un mes después de firmarse el crédito (17 de noviembre de 2008) y cuando ya se había dispuesto de 16,7 de los 24 millones concedidos (en 2010 se amplió esta financiación en otros dos millones).

Sánchez llegó a afirmar incluso que “nunca” antes un consejero les había “engañado” como lo hizo aquel, dadas las garantías fraudulentas que entregó (por ejemplo, acciones que ya estaban pignoradas con anterioridad) para ‘garantizar’ el pago. Sin embargo, Juan Bartolomé, exdirector de Riesgos de la caja y ahora consejero de Bankia Habitat, sí advirtió riesgos sobre la solvencia de Díaz Ferrán, encarcelado desde diciembre por la presunta quiebra fraudulenta de Marsans. Lo hizo en un correo electrónico que remitió el 30 de octubre de 2008 referido a otro préstamo de 14 millones pedido por una de sus sociedades patrimoniales (Teinver, luego supuesta avalista del propio empresario para sus créditos personales), donde comentaba al entonces director de Negocio de Caja Madrid, Gonzalo Alcubilla, que no entendía la “urgencia” de una operación que calificaba de “complicada”, más allá del hecho de tratarse de la empresa de un consejero. Así, tras advertir que se desconocen sus valores de tasación y plan de negocio, señalaba que “o se monta una operación que tenga forma o no veo como” conceder el citado crédito.

Ese correo forma parte de los mensajes remitidos por Bankia al Juzgado de Instrucción número 9, donde Silva los ha unido a los propios correos personales de Blesa de los que se incautó días atrás la Guardia Civil -tanto en el ordenador que tenía en el banco como en el personal de su casa- para que los escudriñe una empresa especializada en la auditoría forense de fraudes empresariales. De ellos se deriva, por ejemplo, que también su sucesor en la presidencia, Rodrigo Rato –antes vicepresidente económico del Gobierno y también director gerente del FMI-, autorizó de forma expresa la refinanciación del principal crédito a Díaz Ferrán, ampliándolo hasta los 26,5 millones y alargando hasta los 10 años el plazo para su vencimiento.

Ambos imputados quedaron en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración, aunque el instructor estudiará en los próximos días si les retira el pasaporte e impone alguna fianza, como ha pedido la acusación popular. Lo que sí hizo el juez Silva antes de las declaraciones fue rechazar la recusación presentada por la defensa de Blesa por supuesta “enemistad manifiesta” hacia su cliente y falta de objetividad, de manera que ahora tendrá que recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid si quiere apartar del caso a un magistrado que en estos momentos tiene abierto un expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial por su ‘particular’ comportamiento profesional en otros casos.

Medidas contra Blesa

Aunque no parece probable, el juez Silva podría volver a encarcelar a Blesa en los próximos días, esta vez de forma incondicional y sin fianza –el viernes pasado abonó 2,5 millones de euros para quedar en libertad provisional-, si estima la última petición de la acusación popular. El nuevo argumento esgrimido este miércoles para solicitar el ingreso en prisión del ex financiero es la remisión por parte de Bankia de un documento que eleva las sospechas respecto a si pudo sacar provecho personal de la compra del City National Bank of Florida (CNBF), iniciada en abril de 2008 y culminada marzo de 2010, y que “implicó pérdidas de más de 500 millones de euros” para la entidad de ahorros, según el instructor.

Según el banco que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri, Blesa pidió un mes antes de firmar la adquisición del CNBF (marzo de 2008) un seguro de cambio entre el euro y la divisa estadounidense (que vencía el 16 de junio de ese mismo año) respecto a una suma de un millón de dólares para cubrir eventuales riesgos de depreciación de su valor. Sus abogados sostienen que era para la compra de una casa en Estados Unidos, aunque la coincidencia de fechas y la operativa empleada resultan “altamente llamativas” para la acusación –recibió los fondos de forma urgente, una semana antes incluso de que el comité financiero de la caja pudiera revisar la operación (ni siquiera llegó a ser vista por el consejo), y a un tipo de cambio un 2% mayor de lo que ofrecía entonces el mercado-, que sostiene que pudo haber sido usado para la compraventa de un paquete de acciones del banco estadounidense, aprovechando su previsible revalorización bursátil posterior y gracias a la información privilegiada de la que disponía el entonces presidente de la caja madrileña.

Asimismo, al no tener localizado ese dinero, la acusación ha pedido al juez que investigue su paradero actual por si pudieran estar en alguna cuenta en el extranjero y agravar de esta forma el posible riesgo de fuga de Blesa. No es la única información que analiza estos días el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, pues también dispone de datos “relevantes” –según apuntaron fuentes jurídicas- sobre los créditos hipotecarios que el consejo de Caja Madrid concedió a su entonces presidente, por un montante global de 930.000 euros y sin apenas condiciones –no había comisiones ni avales, y tampoco penalización por impagos-.