Más arena en el pozo del crédito

En cualquier caso, la llegada de los técnicos del Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) no es por este asunto en concreto, y no tendría mayor importancia si no fuera porque coincide con la reciente entrada en vigor de la nueva normativa del Banco de España sobre las refinanciaciones de los préstamos de la banca y el impacto de la que podría ser una nueva ronda de provisiones. Que, éste sí, es el asunto a tratar. Un impacto que muchos piensan que perjudicará más a los refinanciados (empresas) que a los refinanciadores (bancos), que, al fin y al cabo, según fuentes de las entidades financieras españolas, cuentan, la mayoría de ellas, con capital para cubrir dichas provisiones si así tuvieran que hacerla s, amén de contar con garantías reales en la mayoría de los créditos refinanciados, como apuntan, por ejemplo, desde Banco Popular, Caixabank o Sabadell.

Transparencia

Pero no se trata, como en ocasiones anteriores, de un requerimiento directo de provisiones. En sí, se trata de un ejercicio de transparencia aumentada reivindicado por algunos analistas y bancos de inversión desde hace tiempo. «Podría pensarse que una parte de las las refinanciaciones pueden no acabar en morosidad si la economía emprende la recuperación pero ese parece un camino demasiado largo y es bueno que los riesgos actuales y potenciales estén correctamente puestos sobre la mesa», explica Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School (Reino Unido).

Y es que tras los ejercicios de estrés desarrollados a colación del MoU del año pasado y las recapitalizaciones que se han emprendido, la duda fundamental que quedó pendiente sobre el sector bancario español era el efecto potencial de las refinanciaciones sobre la calidad de los balances bancarios. «Por lo tanto -continúa Carbó-, cabe acoger positivamente esta iniciativa porque eliminará incertidumbres en el futuro, aunque imponga nuevos retos en el corto plazo».

Fuentes del sector aseguran que las entidades financieras, que recibieron la notificación de que los inspectores europeos estarían por tierras españolas estos próximos días, no tendrán ningún problema en ofrecer todo tipo de información respecto a la clasificación actual de sus créditos y cómo quedarán sus operaciones de refinanciación y reestructuración tras aplicar la nueva norma. «No hay duda de que los inspectores europeos se podrán llevar una foto muy precisa del posible impacto en el balance de las entidades con esta nueva normativa», afirma un financiero español.

Carta a Gobierno y regulador

Pero con la norma puesta ya sobre la mesa, las alarmas volvían a saltar. ¿Podría verse la banca española, incluso la considerada «sana», de nuevo cuestionada? Una situación que, de hecho, los grandes banqueros españoles ya habían visualizado a principios de abril. Preocupación que no dudaron en trasladar al Gobierno español -en concreto al ministro de Economía, Luis de Guindos- y al gobernador del Banco de España, Luis Mª Linde, a través de una carta. Un documento que saldría de una de las últimas citas que organiza una vez al mes la Asociación de la Banca Española (AEB), presidida por Miguel Martín, con los grandes financieros del país. Así, en la sede del BBVA, el pasado 1 de abril, se citaron a cenar junto a Martín, Ángel Cano, consejero delegado e BBVA -que ejercía de anfitrión-; Alfredo Sáenz, aún vicepresidente y consejero delegado del Santander; Ángel Ron, presidente del Banco Popular; y, José Oliu, presidente del Sabadell. Junto a ellos, dos invitados que ya, cada vez más, no son de «excepción» en estas reuniones: Isidro Fainé, presidente de Caixabank, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Cena en la que, sobre todo, se habló de tres espinososo puntos: Uno, sobre la derrama al Fondo de Garantía de Depósitos que debe aportar la gran banca sana de unos 1.200 millones para que este fondo adquiera las participaciones preferentes de Novagalicia y Catalunya Banc -algo que no sentó nada bien a los principales banqueros del país-. Segundo, sobre las aportaciones que han realizado a Sareb para sanear los activos inmobiliarios de la banca con ayuda; y, tres, sobre las modificaciones a la Circular del Banco de España sobre refinanciaciones. Este último, el tema más espinoso.

«La incertidumbre regulatoria acaba lastrando a las entidades». Fue una de las frases que más caló entre los asistentes a la reunión, por lo que acordaron pedir al Gobierno y a la autoridad monetaria «sensatez» y «lógica» a la hora de redactar los «retoques» a la norma vigente. Una petición que finalmente fue «escuchada» y «recogida», dado que se suavizaron algunas de las medidas, por ejemplo, la manera en que se puede volver a considerar un crédito sano, o sacar créditos de dudosos a subestándar.

Revuelo ante la norma

En cualquier caso, el sector se muestra preocupado por el revuelo que ha causado la nueva norma tanto en España como en Europa. Fuentes financieras consideran que está siendo bastante contraproducente volver a poner en tela de juicio a la banca española cuando, en realidad, las nuevas obligaciones, al final, perjudicarán más a las empresas españolas, que de nuevo verán cómo el crédito sigue sin llegarles o cómo el que tienen que refinanciar se quedan sin él.

Por tanto, ¿ha sido contraproducente la norma para banca y empresas por igual? «No lo creo, sinceramente. La transparencia puede imponer esfuerzos a corto plazo pero, a largo plazo, refuerza la imagen y la estabilidad. Sería un problema si no hubiera recursos y resortes para hacer frente a esos esfuerzos de saneamiento que pueden generarse pero esos resortes existen y hay margen para ello. De hecho, cuanto antes se afronte esta fase, antes se recuperará de forma más completa la credibilidad del sector bancario español en el exterior», concluye el catedrático de Economía, Santiago Carbó.

El caso es que el sector bancario tenía a finales de 2012 un total de 208.000 millones de euros de créditos reestructurados o refinanciados (un 14% del total). De estos, el 42% está clasificado como riesgo normal y un 37% como dudoso, mientras el resto se englobaban dentro del capítulo subestándar.

Con la norma comunicada por el Banco de España, es de esperar que la mayoría de las operaciones clasificadas como de riesgo normal, tengan que ser reclasificadas a subestándar. Aun así, hay que tener en cuenta que un 33% de las operaciones se refieren a financiación a promotores, que ya cuentan con provisiones constituidas aun cuando estén clasificadas como normales superiores a las que establece la normativa contable.

Por ello fuentes financieras coinciden en su estimación sobre un impacto limitado de esta medida sobre los resultados del sector en 2013 entre una banda de 3.000 millones de euros y poco más de 10.000. Además, la medida no implica un cambio en la pérdida esperada, sino en la distribución temporal de la misma, aumentando la cobertura de uno de los riesgos que más preocupa en la actualidad a los analistas.