El Gobierno dará la residencia a inversores, emprendedores y profesionales cualificados

Esta misma semana, el ministro alemán de Economía, Philipp Rösler, anunciaba que su Gobierno estaba estudiando ofrecer la doble nacionalidad a profesionales cualificados extranjeros para hacer más atractivo su traslado a Alemania. En línea con esta decisión de nuestros vecinos alemanes, el Gobierno de Mariano Rajoy creará el denominado «visado de residencia para inversores». Un reclamo con el que el Ejecutivo quiere atraer capital hacia España y con él creación de empleo.

El personal al que ahora se le ofrece la residencia es muy distinto al que llegó a nuestro país al calor de largos años de bonanza económica, cinco millones trabajadores, la mayor parte de ellos poco cualificados que acabaron en los sectores de servicios y construcción y que son los que más han sufrido el impacto de la crisis. Ahora, el perfil es totalmente opuesto: se buscan trabajadores cualificados, investigadores e inversores que compren nuestros inmuebles y nuestra deuda.

En el borrador de «anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», al que ha tenido acceso ABC, se detalla que los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan en España verán facilitada su entrada y permanencia en nuestro país por razones de interés económico, siempre que acrediten ser inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores o científicos o trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas .

Pero lograr un visado para residentes tendrá unos condicionantes. La norma, que probablemente recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros antes de que acabe este mes de mayo, prevé que el extranjero que se proponga entrar o residir en nuestro país tendrá que acreditar el cumplimiento de unos requisitos. Entre ellos, contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una aseguradora autorizada para operar en España, carecer de antecedentes penales y contar con recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, que también podrán pedir la residencia en España.

El anteproyecto de ley de emprendedores incluye, asimismo, importantes incentivos fiscal es y laborales, así como medidas para favorecer el acceso al crédito.

Para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas se crea un régimen especial de IVA con criterio de caja, es decir, que no se pagarán el IVA a la Hacienda pública hasta que el empresario o autónomo haya cobrado su factura. Se podrán acoger a este sistema todas aquellas empresas o profesionales cuyo volumen de operaciones no supere los dos millones de euros. El nuevo régimen será optativo, y quienes se acojan al mismo, también verán retardada la devolución del IVA que soporten hasta que ellos paguen las facturas a sus proveedores.

Se incluyen incentivos fiscales a la reinversión de beneficios empresariales en las pymes, de modo que la tributación definitiva de los beneficios invertidos y no distribuidos se sitúa en el 15%, frente al tipo general del 25%. Además, se mejora la deducción por actividades de investigación y desarrollo, con un límite máximo conjunto de 3 millones de euros anuales.

Para no penalizar a los trabajadores que cotizan por el régimen general pero que realizan actividades económicas y tienen que cotizar por otro régimen, se reducen las cuotas a la Seguridad Social para aliviar la actual penalización e incentivar la pluriactividad.

Se modifica la ley concursal para introducir un nuevo mecanismo que permita acuerdos extrajudiciales de los pagos. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y esperas de hasta tres años. Un mediador tutelará el proceso que se resolverá en un corto periodo de tiempo. Además se ampliará de uno a dos años el plazo que debe mediar entre la notificación de la primera diligencia de embargo y la realización de la subasta, concurso o cualquier otro medio de enajenación cuando afecte a la residencia habitual del autónomo.

La norma crea la figua del emprendedor de responsabilidad limitada, gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a determinados bienes considerados esenciales, como su vivienda habitual. La creación de esta figura va acompañada de garantías para los acreedores y para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. El Gobierno ha tomado el modelo francés como ejemplo. Además crea la sociedad limitada de formación sucesiva, sin capital mínimo, con el objetivo de abaratar el coste de crear una empresa.