¿Fin de la austeridad?

Es un mito afirmar que los ajustes fiscal es son excesivos. La austeridad es relativa, no radical en el sentido de que el Estado gaste menos de lo que ingresa y ahorre de verdad. Subir impuestos no es ahorrar. Acumular déficits públicos, aunque sea a un ritmo menor que antes, provoca un «crowding-out» del sector privado de las fuentes de financiación crediticia.

La realidad es que los Gobiernos (también el de Rajoy) no han reducido el déficit público en el tiempo y al ritmo acordado con la Comisión Europea. Los niveles siguen siendo elevados, como ha revelado Eurostat para 2012: en España 7,1% del PIB (10,6% incluyendo la ayuda recibida para sanear el sector bancario, frente al 9,4% en 2011), en Portugal 6,4% (frente al 4,4,%), en Grecia 10% (frente al 9,5%). Sólo Italia ha cerrado el ejercicio con un 3% del PIB, que es el umbral marcado por el Tratado de Maastricht (tras un 3,9% en 2011). El nivel de endeudamiento del Estado también ha ido aumentando en los países meridionales, alejándose más y más de la norma europea del 60% del PIB: en España hasta el 84,2% del PIB (2011: 69,3%), Portugal 123,6%, Grecia 157% (después de la quita a los acreedores privados realizada en abril), Italia 127%. Y el gasto público, si bien ha sufrido recortes en determinadas partidas, sigue siendo elevado en proporción al PIB, y con ello lo es el peso del sector público en la economía.

El que la recuperación económica y la creación de nuevos empleos tarden en llegar se debe en primera línea a que estos países tienen que llevar a cabo una reasignación profunda entre sectores de los factores de producción y aumentar la productividad y competitividad de la economía -y esto lleva su tiempo-. Las necesarias reformas estructurales no se han llevado a cabo con contundencia. Si ahora se prolongan los períodos para cumplir con el objetivo del déficit del 3% del PIB en uno o dos años, nadie sabe si entonces la tarea será más fácil.

Al mismo tiempo podrían reaparecer en los mercados financieros las dudas sobre si el Gobierno se toma en serio el saneamiento de las finanzas públicas. Entonces sí que entraríamos en un nuevo círculo vicioso de inestabilidad financiera y desequilibrio macroeconómico. Los esfuerzos de ajuste realizados en el pasado habrían sido en vano. Suena bien eso de que primero hay que impulsar el crecimiento económico y una vez conseguido este objetivo reducir la deuda pública, lo que será más fácil hacer porque el crecimiento habrá generado una recaudación tributaria adicional. Mayor ingenuidad (o engaño), imposible. En la realidad, un aumento adicional del gasto público tiende a ser permanente («ley de Wagner» de 1891). Cuando se llenan las arcas públicas con ingresos tributarios -si es que la economía se recupera y no se repite la historia de Japón con deuda creciente sin más crecimiento-, los políticos nunca tienen problema alguno para inventarse nuevos programas de gasto con el fin de satisfacer a sus electores y comprar votos nuevos. Las generaciones venideras no tienen hoy ni voz ni voto y, por consiguiente, no les importa a los políticos actuales dejarles la hipoteca de una deuda exorbitante.

No andamos sobrados de personalidades políticas de calibre que entiendan que para el crecimiento económico no hace falta más Estado sino menos y que el mercado libre y la empresa privada son la verdadera máquina de producción y empleo. En la Unión Europea sólo se me ocurren dos estadistas: Ludwig Erhard («milagro alemán», años cincuenta) y Margaret Thatcher («renovación británica», años ochenta). Nuestros políticos de hoy prefieren el camino populista, sin garantía alguna de que tomarlo estará colmado de éxito.

Es curioso que la insistencia con la que se habla de impulsar el crecimiento por la vía del gasto no vaya acompañada de una lista de proyectos concretos. A la opinión pública se la deja a oscuras de a dónde irían a parar los gastos del Estado. El blablá es parte del juego, porque no hay cosa que los políticos y los burócratas de Bruselas más temen que encontrarse desde afuera con estudios sobre coste-beneficio que pongan en entredicho la eficacia del gasto público como motor del crecimiento económico. A la gente que desconoce los mecanismos económicos se la puede seducir fácilmente a que crea que un mayor grado de intervención del Gobierno en la economía es la varita mágica para solventar la crisis. Los españoles son muy proclives a este pensamiento, por encima de la media europea, según revela un reciente estudio de la Fundación BBVA «Values and Worldviews» (de abril).

Poco sentido de la realidad muestran los críticos de la austeridad cuando le exigen al BCE que relaje más su política monetaria. Ésta ya es muy expansiva. El BCE mantenía desde julio de 2012 el tipo de interés rector en un mínimo histórico (0,75%), y a principios de este mes lo ha bajado al 0,5% (para Alemania y otros países con crecimiento hubiera sido más adecuado no bajar el precio del dinero o incluso subirlo, según la «regla de Taylor»). Además, el BCE le facilita a los bancos toda la liquidez que éstos deseen a un tipo de interés simbólico.

Sin embargo, en los países periféricos el mecanismo de transmisión monetario está obstruido; el crédito a empresas y hogares no fluye como sería de desear y a condiciones asequibles. Parece ser que los bancos le dan prioridad a sanear sus balances frente a la opción de asumir nuevos riesgos que toda concesión de créditos acarrea (morosidad) y hacer las provisiones de capital requeridas. Así las cosas, el BCE no tiene capacidad real de estimular la actividad, incluso si bajara el tipo de interés a cero. Sería un acto simbólico, nada más. Que sirva de aviso la experiencia de Japón: desde hace ya unos 18 años, cuando el hundimiento del sector inmobiliario y en consecuencia una profunda crisis del sector bancario sentenciaron a la economía al estancamiento y la deflación, el Banco de Japón intenta estimular la economía, sin éxito. Es evidente que problemas estructurales de fondo no se pueden eliminar simplemente con dinero barato y más deuda pública.