La sociedad pública que rescatará las autopistas en quiebra vale 608 millones

Fomento prevé iniciar en breve una nueva ronda de contactos con estas constructoras y concesionarias para informarlas del porcentaje concreto de participación que tomarán en la nueva sociedad a cambio de traspasar las autopistas. El reparto de ese 20% se realizará a partir de criterios como el endeudamiento que presente la concesionaria, los recursos que haya aportado a la autopista y el plazo de explotación de la vía con que aún cuente.

Fomento ha planteado al sector la constitución de esta sociedad pública de autopistas como solución a la situación de riesgo de quiebra que presentan nueve vías de peaje por la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones.

Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.

Según han detallado las mismas fuentes, Fomento diseña esta sociedad de autopistas a un horizonte de 40 años. Parte de la previsión de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios. En cuanto a la deuda financiera de unos 4.000 millones de euros que actualmente suman las autopistas, se reestructuraría a un plazo de treinta años junto con los 1.200 millones que los bancos están dispuestos a inyectar a la sociedad.

Compensación en efectivo

La última propuesta que Fomento ha remitido al sector sobre este modelo de rescate de autopistas contempla la posibilidad de pagar una compensación en efectivo a las concesionarias que entreguen sus vías a la nueva sociedad pública pero no quieran participar en su capital social.

En este caso, el Ministerio pagaría o 'compraría' a la concesionaria el porcentaje que le correspondiera en el capital de la empresa de autopistas y abonaría el importe que le adeuda, pero todo ello a un plazo de tres años. No obstante, el Departamento que dirige Ana Pastor ha advertido a las empresas de que este proyecto de sociedad pública de autopistas no prosperará si una sola concesionaria lo rechaza.