Bruselas quiere excluir de las ayudas europeas las indemnizaciones por preferentes

El Parlamento Europeo podría plantear la posibilidad de que las compensaciones a los titulares de bonos preferentes y deuda subordinada no sean consideradas como ayudas públicas si las entidades nacionalizadas necesitasen fondos adicionales para cumplir los laudos de arbitraje. Un grupo de afectados por la comercialización de estos productos fue escuchado ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde quedó claro que la Comisión Europea no supervisó adecuadamente la aplicación en España de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros de 2004 y que la mayor parte de la comercialización de estos productos tóxicos se produjo durante la gestión del anterior gobierno socialista.

Para la Comisión Europea, representada en el debate, la supervisión era responsabilidad de los países miembros, así como las eventuales compensaciones. Sin embargo, en el Memorando de Entendimiento (MoU) que regula el rescate europeo al sistema financiero español se especifica que los titulares de las preferentes deben asumir pérdidas, para reducir las necesidades de refinanciación de las antiguas cajas de ahorro. Ahora, el ejecutivo comunitario se manifiesta a favor de que se establezcan sanciones europeas por la mala gestión de las entidades bancarias en el futuro, pero impide que se inyecte más dinero público a las entidades sin su autorización.

También ayer, en Madrid, el subgobernador del Banco de España Fernando Restoy ha recordado no están previstas nuevas ayudas públicas para la cobertura de los costes los arbitrajes sobre las preferentes, «que deberán ser cubiertos por las propias entidades a partir de los beneficios generados y del ahorro de capital regulatorio derivado del proceso de reducción de tamaño que prevén los planes de resolución o reestructuración».

En la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los representantes de los afectados insistieron en que no están interesados en el arbitraje, sino en la restitución automática de sus ahorros, mientras que, como resaltó el eurodiputado popular Francisco Millán, este procedimiento que ya funciona en Galicia no solo ha solucionado el caso de más de 15.000 ahorradores sino que representa el único camino posible para evitar las pérdidas impuestas por el rescate: «La quita final no tendrá efecto si existe una obligación legal para la entidad de devolver la totalidad» de los ahorros depositados. En este sentido, varios de los peticionarios representaban a los grupos de ciudadanos que se manifiestan en Galicia contra las instituciones regionales, cuando, según Millán, «si ha habido un gobierno autonómico sensible a este problema es el gallego de Alberto Nuñez Feijoo».

El socialista Antolin Sánchez propuso que se reclame información al gobierno español, para extender la información a la Comisión de Asuntos Económicos, desde la que se puede intentar que en otoño se tramite esa petición de que las posibles ayudas destinadas a resarcir a los ahorradores afectados por la mala comercialización de las preferentes no sean consideradas ayudas de estado. Ahora bien, la cuestión de saber cómo se distingue un ahorrador de un inversor y de donde saldrían esas ayudas, nada se sabe.