El Ministerio de Industria recortará 1.800 millones a eléctricas y renovables

En concreto, se quieren recortar un total de 1.800 millones de euros de los costes del sistema. Por un lado, en las actividades de distribución y transporte, este ajuste afectará a las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, E.ON y HC Energía- y a Red Eléctrica; y, por otro, a las empresas renovables y de cogeneración, con nuevos recortes a las primas del régimen especial. Este nuevo esfuerzo para atajar el déficit recaerá por tanto sobre las empresas del sector y no sobre el consumidor. Estas medidas se unen al recorte ya anunciado -en tramitación- de los costes extrapeninsulares del sistema, que se pasarán a presupuestos.

Las mismas fuentes aseguran que no habrá nueva ley, si no que se tramitará un nuevo decreto ley y se anunciarán adicionalmente modificaciones a la ley eléctrica de 1997. De hecho, tras este primer paquete de medidas -vía decreto ley-, la intención es poner en marcha una revisión estructural del sistema del mercado eléctrico, que obligará a modificar la ley actual. En ellas, se avanzará en la liberalización: se reducirá el número de consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

A la tarifa regulada se acogen los consumidores que contratan una potencia inferior a 10 kilovatios y que no quieren acudir al libre mercado, lo que incluye a la mayoría de los consumidores domésticos. La potencia media contratada por un hogar español es de 4,4 kilovatios. Y, mientras el hogar no tome la iniciativa de acudir al libre mercado, está automáticamente sujeto a la tarifa regulada. La propuesta de Industria será reducir el acceso de los consumidores con potencias de 10 kilovatios a entre 3 o 5.

La intención del Gobierno es reducir en 4.000 millones de euros el déficit de tarifa año tras año. Las mismas fuentes explican que si no se tomara ninguna medida más, el equilibrio entre ingresos y gastos del sector no se conseguiría hasta 2020.

En febrero, Industria se vio obligada a solicitar unos ingresos extras para ajustar sus números. El ministro del ramo, José Manuel Soria, remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley para solicitar un crédito extraordinario de 2.200 millones «y hacer frente a los posibles desfases» entre ingresos y gastos del sistema. El Gobierno daba luz verde además a un decreto ley que atacaba a la línea de flotación de las renovables, a las que limitó su retribución para conseguir un ahorro de entre 600 y 800 millones de euros. Por un lado, limita la actualización del IPC en las ayudas -un ahorro de 340 millones-. Por otro, obliga a las instalaciones a elegir entre tarifa regulada o precio de mercado con prima -entre 250 y 500 millones de ahorro más-.

Y es que el déficit de tarifa alcanza ya unas cifras que quitan el sueño a cualquiera que intente «meterle» mano. Ayer mismo se conocieron los últimos datos a 2012, récord histórico anual: 5.609 millones de euros. Un volumen que en términos acumulados asciende ya a 35.596 millones de euros, según los últimos datos de la CNE, informa Ep. El desajuste de 2012 es varias veces superior al objetivo inicial de 1.500 millones y se produce a pesar de la moratoria a las renovables, las subidas de peajes eléctricos y los recortes por 1.700 millones a actividades reguladas como la distribución o los pagos por capacidad aplicados por el Gobierno el año pasado.