Las asociaciones de consumidores recelan del arbitraje de las preferentes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sí ha recomendado a los titulares de prefrentes de entidades participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que acudan primero al arbitraje «como mal menor» y, en caso de ser rechazados, opten por la vía judicial. En todo caso, OCU considera que, aunque los criterios aprobados ayer por la Comisión de seguimiento de las participaciones preferentes son de carácter «restrictivo, ambiguo y mejorable», es preferible el laudo arbitral porque «parece» que atenderá a un mayor número de afectados, aunque sean los que han invertido menores cuantías.

Posibles acciones penales

No obstante, la OCU asegura que valora la posibilidad de iniciar acciones penales contra «todos los responsables públicos y privados que han tenido una responsabilidad directa en la comercialización» de estos productos financieros.

Facua-Consumidores en Acción también ha denunciado el trato «ofensivo» del Gobierno a las organizaciones de usuarios y consumidores en el diseño y puesta en marcha del procedimiento, de arbitraje. Facua lamenta que el Ejecutivo haya tomado todas las decisiones sobre el procedimiento arbitral «sin permitir ni la más mínima participación de las asociaciones que representan los intereses de los afectados ni del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), su órgano de representación y consulta». La organización ve «una auténtica tomadura de pelo que el supuesto experto independiente que valorará qué solicitudes de arbitraje son aceptadas y decidirá las cantidades máximas que podrá reclamar cada usuario sea una consultora que trabaja con Bankia, KPMG».

«Parafernalia»

Los afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco también han calificado de «parafernalia» los criterios fijados por la comisión de arbitrajes, pues, a su juicio, dan prioridad a las cantidades pequeñas para poder así «jugar con las cifras» . En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma de Vigo-Val Miñor, José Manuel Estévez, ha estimado que criterios como que los ahorradores con una inversión inferior a 10.000 euros serán objeto de un arbitraje preferente y los que ordenan la tramitación de los expedientes por volumen de inversión de menos a más están destinados a dar una imagen de que «se resuelve más».

Según apuntó, se devolverá «menos cantidad de dinero a más gente, si bien el problema sigue estando ahí». En ese sentido, ha abogado por tener en cuenta las «necesidades reales», recordando que hay personas a las que «todo el dinero que tenían se lo metieron en preferentes» y que, por eso hay ahorradores con sumas altas que están en situaciones de gran dificultad.

Discriminación

El portavoz de la plataforma de Baixo Miño, Xulio Vicente, también mostró sus reticencias a los criterios y se preguntó que, «si todos los afectados fueron engañados de la misma manera», por qué hasta ahora el arbitraje ha funcionado de una forma y ahora se fijan unas condiciones. «Sería una discriminación entre los que ya han ido al arbitraje y los que vayan a partir de ahora , porque todos tienen el mismo perfil», insistió, en declaraciones a Europa Press. Xulio Vicente aseguró «no entender» que los que tengan una inversión inferior a los 10.000 euros vayan a contar con un arbitraje preferente si «todos los afectados que están en la calle fueron engañados».

Por su parte, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha advertido de que el sistema arbitral establecido para los afectados de preferentes de Bankia «carece de suficiente seguridad» , ya que se desarrolla sin la presencia de la persona afectada. A través de un comunicado, la UCCV advierte de que la ausencia del afectado impide a la persona encargada del arbitraje poder valorar las circunstancias personales y la capacidad de conocimientos de quien aceptó las preferentes, y por tanto se tiene que limitar a un procedimiento «meramente escrito».

Han criticado también que la entidad bancaria conoce «de antemano» todas las alegaciones y reclamaciones presentadas por los afectados, pero no tiene que presentar las suyas hasta que no se ha formalizado el sometimiento al arbitraje, «lo que pone de manifiesto con la desventaja informativa de la que parte el ciudadano».

Un procedimiento ilegal

Más lejos aún ha ido la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), que estima que el procedimiento de arbitraje para las participaciones preferentes es «ilegal» , al considerar que los criterios de la comisión de seguimiento no pueden ser distintos a lo dispuesto en el Código de Comercio y en la Ley del Mercado de Valores. «Con las preferentes no se trata de repartir culpas, sino de determinar si el banco debe responder por incumplir sus obligaciones profesionales», ha argumentado en un comunicado.

Asinver ha subrayado además que la intención de la comisión de seguimiento y de los criterios aprobados persigue « pagar lo menos posible al mayor número posible de afectados», con un «objetivo de imagen» por encima de la necesaria legalidad que se debe exigir al proceso. La asociación considera que el arbitraje parece una solución «razonable» sólo para casos flagrantes , como en los que se han visto implicados personas de avanzada edad sin ninguna documentación firmada o afectados que no saben leer.