La deuda del hombre que cambió la ley hipotecaria sería ahora 70.000 euros menor
Mohamed Aziz empezó una batalla legal tras su desahucio que acabó en Bruselas - ines baucells

La deuda del hombre que cambió la ley hipotecaria sería ahora 70.000 euros menor

Su denuncia en Bruselas obligó a modificar las reglas. En su día afrontó una deuda de 115.142 euros, ahora sumaría 44.000

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Con el debate político y social del drama de los desahucios al rojo vivo, el PP envió ayer al resto de grupos parlamentarios el borrador de la norma que finalmente se titulará «Ley de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social». Desde el punto de vista económico, las últimas enmiendas introducidas buscan reducir al máximo la deuda pendiente con el banco del desahuciado; desde la óptica política, pretenden lograr el consenso sin echar por tierra la cultura de pago ni arrasar el sistema financiero.

Un ejemplo práctico y emblemático sobre los efectos de la nueva ley sobre los desahuciados es cómo fue y cómo hubiera sido con la nueva ley el caso de la deuda de Mohamed Aziz. Su demanda contra CatalunyaCaixa después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en 2011 fue el detonante de la sentencia de Bruselas que supuso uno de los cambios legislativos de corte económico con más calado social. Su caso es hoy, además, una muestra clara de lo que supondrá la reforma.

En marzo de 2009, el banco reclamó a Aziz 41.209 euros (19.937 por intereses de demora del 18,75% y 21.271 por las costas). En julio de 2010, una vez celebrada la subasta, su deuda había crecido hasta los 115.142 euros. La situación sería radicalmente distinta con la nueva ley. La cuantía a reclamar judicialmente sería de 21.658 euros (12.760 por intereses de demora del 12% y costas de 8.898), mientras que la deuda pendiente tras la subasta se reduciría a 44.400 euros.

Y es que la normativa no incluirá la dación en pago —que sería un auténtico terremoto para la banca— pero aligera notablemente la carga financiera de los desahuciados. Además de la limitación del interés de demora a tres veces el interés legal, se incluye la limitación del devengo de los mismos y que puedan capitalizarse. Esto es, no podrán sumarse a la deuda pendiente evitando así que el monto a pagar por el desahuciado vaya engordando sucesivamente.

También se establece un orden de pago para los casos en que la ejecución sea insuficiente para saldar la deuda. Primero se abonarán los intereses acordados en el contrato de la hipoteca (remuneratorios), después el principal y, por último, los intereses moratorios y costas. El deudor podrá reducir así su deuda en función de los intereses acordados en su contrato, antes que otros gastos generados por la ejecución.

Además, el actual sistema de quitas (reducción del 35% si se paga la deuda en 5 años y del 20% en 10 años) se aplicará retroactivamente a las adjudicaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley, siempre que a esa fecha no se hubiera saldado la deuda y no hayan transcurrido los plazos fijados. No obstante, esta retroactividad no implica que la entidad financiera que ha iniciado la ejecución hipotecaria esté obligada a devolver las cuantías que ya ha percibido del deudor. Se mantiene la obligación de que la entidad financiera que se quede con la vivienda destine el 50% del beneficio obtenido a reducir la deuda del hipotecado, si la vende con plusvalías en los diez años posteriores a la adjudicación.

Los populares han recogido así más de 50 propuestas del PSOE, CiU, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto con lo que consideran que ha resultado una norma equilibradaque debería cosechar un grado importante apoyos parlamentarios. Además, las enmiendas presentadas la semana pasada para adecuar la legislación nacional al dictamen del Tribunal Europeo han recibido ya la luz verde por parte de la Comisión Europea.