La banca deberá pagar hasta 2.000 millones por las preferentes de las nacionalizadas

De Guindos ha explicado que el 40% del total de la derrama se dotará a principios de 2014. Las entidades intervenidas por el FROB, así como las que cuentan con un balance inferior a los 5.000 millones quedarán exentas de participar en base a lo que decida la comisión gestora del FGD. También se tendrán en cuenta las aportaciones realizadas al banco malo, con una deducción máxima del 30%, lo que penaliza directamente al BBVA, la única entidad financiera nacional que no invirtió en el proyecto.

Los clientes deberán asumir primero las pérdidas impuestas por Bruselas a cambio de la ayuda bancaria, que supondrán recortes promedios del 50% para los tenedores de participaciones preferentes y del 10% para la deuda subordinada. Tras la correspondiente quita, los fondos restantes se convertirán en acciones de la entidad, lo que planteaba un problema importante para las los clientes de bancos no cotizados, que quedaban atrapados con unos títulos con nulas posibilidades de venta. Con la modificación de la naturaleza del FGD, se elimina la asimetría que estos inversores tenían con los preferentistas de Bankia, que pueden canjear estas participaciones por títulos de una entidad que cotiza en el mercado.

La iniciativa lleva meses rondando en los despachos del Ministerio de Economía y del Banco de España y fue rechazada de lleno por el sector financiero sano, que lo considera una «socialización de las pérdidas» que vuelve a penalizar a aquellas entidades que actuaron bien y a premiar a aquellas que no midieron bien los riesgos. La nueva derrama seguirá la estructura tradicional, es decir, las entidades pagarán en función de su cuota de depósitos, a pesar de que la finalidad de este desembolso no es garantizar los ahorros de los clientes.

Lo cierto es que la salud financiera del FGD no es holgada. Porque aunque su función era proteger a los depositantes de las entidades en caso quiebra, a lo largo de esta crisis ya se ha recurrido a él para afrontar otro tipo de escollos, como los Esquemas de Protección de Activos (EPA) concedidos a los compradores de entidades nacionalizadas. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero unió los tres fondos existentes hasta entonces (uno de los bancos, otro de las cajas y el tercero de las cooperativas) y lo utilizó como brazo financiero para la recapitalización de bancos rescatados como, por ejemplo, la CAM.

Ahora, desde el Gobierno recuerdan que muchas preferentes se colocaron durante los años 2008 y 2009, en momentos en los que se dejaron de colocar entre inversores profesionales, su público natural, y se empezaron a colocar entre particulares, un público mucho menos habitual en la comercialización de este tipo de deuda.

En este marco, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado la creación una comisión de los procedimientos de arbitraje en la que estarán todos los órganos relevantes y que supervisará todo el proceso en sí mismo.

La comisión deberá remitir un informe trimestral al Congreso de los Diputados, elaborar propuestas para mejorar la defensa de los consumidores y de los clientes más vulnerables y establecer los criterios básicos para que los procedimientos de arbitraje se lleven a cabo de forma correcta, según ha apuntado De Guindos. El organismo estará presidido por la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y la vicepresidencia recaerá en el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.