Argentina debería pagar 7.872 millones por la expropiación de YPF, según un estudio
El presidente de Repsol, Antonio Brufau - reuters

Argentina debería pagar 7.872 millones por la expropiación de YPF, según un estudio

Un informe en el que participaron cerca de 2.000 economistas fija una horquilla entre los 11.400 y 5.300 millones

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Poco después de la expropiación del 51% de YPF por parte del Gobierno argentino, en abril del pasado año, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cuantificó la indemnización en 10.500 millones de dólares (cerca de 8.000 millones de euros). En el polo opuesto, ni la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ni su equipo económico, encabezado por el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, han aportado desde entonces cifra alguna. Incluso, han tratado de amortiguar las pretensiones de la petrolera española alegando daños medioambientales.

En medio de un proceso con varios frentes judiciales abiertos (en España, Argentina, EE.UU. y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, perteneciente al Banco Mundial) y rumores en la prensa argentina sobre posibles negociaciones, el profesor de la escuela de negocios IESE, Pablo Fernández, trató de aportar una valoración aséptica, elaborada por la propia comunidad científica. En el marco de una conferencia organizada por la London School of Economics, Fernández presentó un estudio en el que han participado 2.043 economistas de 42 países (sobre todo, eso sí, españoles, que aportan 882 respuestas). Su conclusión: la mayor parte de los que respondieron, 1.959 analistas, coinciden en que Repsol debería recibir 10.270 millones de dólares (unos 7.872 millones de euros, cifra por tanto muy cercana a la exigida por la empresa).

Esa es la media, porque las estimaciones oscilan entre el valor máximo 14.900 millones de dólares (11.425 millones de euros) y el mínimo, de 7.000 millones de dólares (5.367 millones de euros). Para determinar este importe se han tenido en cuenta los valores de cotización de la antigua filial argentina registrados el 27 de enero de 2012, cuando comienzan los rumores sobre la confiscación (que rebajaron el valor de los títulos, al día siguiente, un 10,6%) y el 16 de abril, día precedente a la aprobación de la confiscación, que causó de inmediato el retroceso de los títulos en un 28,6%.

La mayor parte de las respuestas no incluyen, sin embargo, el descubrimiento de Vaca Muerta, ya que la mayor parte de los encuestados no emitieron ninguna opinión al respecto debido a las dudas sobre su capacidad o los costes de extracción. «Es muy grande, pero hay un grado elevado de incertidumbre», explicó Fernández. Durante el mismo acto, el vicesecretario general de Repsol, Miguel Klingenberg, cifró, posteriormente, el potencial del yacimiento en 23.000 millones de barriles.

Apoyo del Gobierno

Más allá del coste de la expropiación, la jornada estuvo marcaba la noticia publicada por el diario argentino «La Nación», que señalaba que uno de los principales accionistas de la petrolera, La Caixa, se reunió la semana pasada con Cristina Fernández para negociar un acuerdo, una información que no ha sido desmentida por la entidad. Preguntado al respecto, Klingenberg subrayó que la compañía está «abierta a negociar» y ser «flexible» en sus reclamaciones. «No será fácil conseguir los 10.000 millones», reconoció. Descartó, no obstante, que Repsol se encuentre en el «momento de aceptar cualquier oferta».

El vicesecretario también se refirió a la actuación del Ejecutivo español, que, en su opinión, pudo «hacer más», aunque, acto seguido, recalcó que debido a las relaciones diplomáticas «es difícil encontrar un equilibrio». Por su parte, Carlos López Jall, el director de organizaciones internacionales y asuntos europeos de Repsol, recordó que Argentina es el Estado que acumula más demandas desde la constitución del CIADI y que, de momento, no ha abonado indemnización alguna. Por ello, reclamó una revisión de los tratados europeos que regulan la inversión y el refuerzo del organismo de mediación internacional.