Verdades y mentiras del empleo público
Manifestación de funcionarios en Madrid contra los recortes previstos en la Administración - JAIME GARCIA

Verdades y mentiras del empleo público

Son muchos los tópicos que rodean la actividad de un colectivo tan numeroso como el de los funcionarios

Actualizado:

La reforma del sector público es uno de los caballos de batalla que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene aún pendientes. De momento, ha comenzado por adelgazar la Administración Local, tal y como anunció el pasado viernes en Consejo de Ministros el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una decisión que no bastará para eliminar muchos de los tópicos que, infundados o no, rodean desde hace años la actividad de un colectivo tan numeroso como el de los funcionarios. Junto a Adams, empresa de formación que prepara oposiciones desde 1957 para la Administración y la empresa privada, repasamos las verdades y mentiras más comunes del empleo público.

«Aprobar es muy difícil»

En realidad, una oposición es una prueba que requiere un gran esfuerzo, pero con ganas, concentración y apoyo familiar cualquier persona puede aprobarla. Los requisitos que impone la Administración para presentarse al examen tampoco son especialmente restrictivos: basta con tener al menos 16 años -sin exceder la edad máxima de jubilación-, la nacionalidad española, la titulación exigida, la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas requeridas y no estar inhabilitado. También pueden ser funcionarios los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y, como personal laboral, los extranjeros con residencia legal en España.

«Todos son iguales»

Para empezar, hay distintos tipos de empleados públicos. En primer lugar están los funcionarios, que pueden ser de carrera -vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria y que desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente- o interinos -que pueden ocupar plazas vacantes, de sustitución, de forma temporal, por exceso de trabajo... propias de los funcionarios de carrera-. En segundo lugar, está el personal laboral, grupo al que pertenecen las personas que, mediante un contrato de trabajo formalizado por escrito, prestan servicios retribuidos por las Administraciones públicas. En tercer lugar, el personal estatutario, empleado en los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, y que puede ser fijo o temporal. Y por último, el personal eventual, que agrupa a los profesionales que, con carácter no permanente, realizan funciones de «confianza o asesoramiento especial».

«No se admiten extranjeros»

El único caso en que un extranjero tiene totalmente restringido el acceso a un empleo en el sector público es cuando se trata de puestos que tengan como función la salvaguardia de los intereses del Estado, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por lo demás, todos los ciudadanos provenientes de estados miembros de la UE, sus cónyuges e hijos pueden convertirse en funcionarios en igualdad de condiciones que los españoles. Y lo mismo ocurre en el caso de los extranjeros que quieran pasar a formar parte del personal laboral, siempre y cuando tengan su documentación y su residencia en regla.

«La experiencia no cuenta»

El sistema de selección de personal más habitual en la Administraciones es por oposición. En este caso, la experiencia previa de los aspirantes no cuenta, salvo que el puesto al que se opositan exija haber desempeñado antes un determinado trabajo. Existe otro sistema de selección en el que la experiencia sí es importante. Se trata del concurso-oposición, una variante que permite la selección de candidatos valorando otros méritos como la experiencia previa, la formación profesional o los títulos académicos, una vez se hayan aprobado los exámenes.

«Hay demasiados funcionarios»

Para algunos expertos, este es uno de los tópicos más extendidos y con menos fundamento de los que circulan sobre el sector público. Un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) apuntaba, a principios de año, que el número de empleados del conjunto de la Administración supone un 12,3% del total de los trabajadores españoles, porcentaje superior en algunos de los países de nuestro entorno: un 14,3% en Italia, un 17,4% en Reino Unido y más de un 25% en Dinamarca o Noruega.

El profesor Vicenç Navarro, politólogo, sociólogo y experto en Políticas Públicas, lo argumenta así: «Si analizamos el tamaño total de personas empleadas y contratadas en el sector público, a niveles centrales, regionales o autonómicos y locales, podemos ver que España tiene un porcentaje de personas empleadas en el sector público de los más bajo de la UE-15 (9.5%), sólo mayor que Austria, Italia y Portugal».

«Los sueldos son más bajos»

Históricamente, los salarios de los trabajadores más jóvenes eran más elevados en el sector público que en el privado, situación que se daba la vuelta a medida que se avanzaba en experiencia y en responsabilidad. En la actualidad, los sueldos se encuentran equiparados, hasta el punto de que, segúnla encuesta de estructura salarial del INE, los empleados públicos perciben una retribución media un 30,8% más alta que el salario medio español.

«La oferta está congelada»

Se hizo esperar, pero el pasado 29 de diciembre el Gobierno hizo pública la Oferta de Empleo Público 2012, que permitía una tasa de reposición del 10% en algunos colectivos considerados prioritarios, con la autorización de 133 plazas de nuevo ingreso y 347 de promoción interna. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, anunció que la oferta de empleo público para 2013 sería de 1.620 plazas, más del tripe de las plazas ofertadas en 2012. Y se ha seguido admitiendo la contratación de personal temporal. Datos que, para algunos expertos, apuntan hacia una normalización paulatina de la oferta, después de meses de incertidumbre respecto a la convocatoria de empleo público.