Las claves de la huelga de Iberia

El pasado 9 de noviembre , IAG, el holding de la fusión de Iberia con British Airways (BA), presentó un plan de reestructuración que incluía el despido de 4.500 empleados y un recorte de capacidad del 15% en 2013 para centrarse únicamente en «las rutas rentables». En concreto, la compañía se deshará de 25 aviones, 20 de corto y medio radio y cinco de largo.

Esta opción representaba el llamado «plan duro», ya que apenas un mes después de anunciar el programa de transformación, el 17 de diciembre, alcanzaron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) un principio de acuerdo que respondía a las demandas de los sindicatos: se priorizaba la utilización del Expediente de Regulación de Empleo vigente en la aerolínea (el ERE 72/01), con el fin de que dos de cada tres salidas se cubrieran mediante prejubilaciones. Además, ampliaban el horizonte del plan de viabilidad hasta 2017. Este texto finalmente quedó en agua de borrajas, ya que el consejo extraordinario del pasado día 1 de febrero determinó seguir adeltante con el plan inicial.

Muy escaso, casi inexistente. IAG ya ha señalado que está «determinada y unida» para «llevar a cabo los cambios que sean necesarios con el fin de asegurar la supervivencia y viabilidad futura» de la compañía española. Se espera que el grupo presente de manera inminente, entre hoy y mañana, el expediente de regulación de empleo y las modificaciones de las condiciones de los convenios. Los empleados, por su parte, consideran que el «plan de IAG supone un ataque inaceptable a los trabajadores de Iberia». Las escasas posibilidades que había de resolver la situación se esfumaron el pasado miércoles, tras la reunión fallida en el SIMA.

El jueves y el viernes el comité de huelga y los representantes de la dirección de Iberia mantuvieron una reunión para fijar los porcentajes de servicios mínimos que se cerró sin acuerdo. La decisión final le corresponderá, por tanto, al Ministerio de Fomento.

A falta de que se conozcan los servicios esenciales, se puede tomar como referencia la decisión de Fomento del año pasado para la huelga de los pilotos, que garantizaba:

-Todos los vuelos cuya hora de salida fuera anterior al inicio de la huelga, aunque la llegada se produzca en el momento de los paros. También se protegen todos los servicios cuya salida se produzca en el periodo de huelga y su llegada una vez que ya ha finalizado.

-Todos los servicios aéreos entre los aeropuertos peninsulares con Canarias, Baleares y los territorios no peninsulares.

-El 50% de los vuelos entre ciudades españolas y extranjeras cuyo tiempo de viaje sea de menos de seis horas de duración.

-Un servicio de ida y vuelta en las rutas entre ciudades españolas y extranjeras cuyo tiempo de viaje supere las seis horas de duración.

-El 50% de los servicios entre ciudades españolas peninsulares cuyo medio de transporte público alternativo supere un recorrido de 500 kilómetros.

-Un 25% de los servicios entre ciudades españolas cuyo medio alternativo de transporte público sea inferior a los 500 kilómetros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no sólo los servicios aéreos van a resultar afectados, ya que también participarán los trabajadores de «handling» (facturación, gestión de equipajes, carga y descarga, mantenimiento, información, limpieza de aviones, transporte en pista, entre otros).

No, directamente. Los paros únicamente están convocados para Iberia y no para el resto de las sociedades pertenecientes al grupo. Sí se podrían producir retrasos, sin embargo, tanto en estas como en otras aerolíneas, como consecuencia de las movilizaciones del personal de «handling».

El sindicato de los pilotos (Sepla) no ha confirmado aún su participación. Celebrará asambleas los próximos días 11 y 18 en las que deberá decidir si se suma o no a los paros. Hasta el pasado mes de diciembre, Sepla rechazaba las movilizaciones apelando al proceso de arbitraje impuesto por el Gobierno para poner fin a las huelgas de 2012 por la creación de la filial de bajo coste, Iberia Express, que los sindicatos interpretaron como una amenaza a sus puestos de trabajo.

El laudo «recomendaba» no efectuar huelgas, pero en ningún caso se trataba de una norma de carácter vinculante. Es decir, Sepla, como ahora reconoce, no se unía a las anterirores convocatorias de huelga «por cortesía» ante el proceso de arbitraje que finalizó el pasado 26 de diciembre, tras hacerse pública la nueva resolución arbitral.

Ambas partes se acusan mutuamente del fracaso de las negociaciones. Iberia critica la intransigencia y la beligerancia de los sindicatos. Estos, por el contrario, acusan a la dirección española de no tener ningún peso dentro de la estructura de fusionada y encontrarse al dictado del consejo de administración del «holding», liderado por su consejero delegado, el irlandés Willie Walsh .

Lo cierto es que, como ha avanzado este periódico , el preacuerdo del SIMA no contaba con el visto bueno del consejo de administración de la sociedad matriz, que se inclinaba por el plan original, de menor coste. Pese a ello, Iberia insistió oficialmente hasta el último momento en que su posición contaba con el apoyo de la directiva de IAG e, incluso, transmitió una propuesta «in extremis», a escasas horas de que finalizase el plazo de negociaciones, cuando lógicamente resultaba más complicado conseguir el respaldo de los sindicatos.

La aerolínea ofrecía una rebaja del ajuste de plantilla en un 30% (3.147 personas), que se pretendía llevar a cabo mediante prejubilaciones (algo de lo que, según los sindicatos, no hubo nunca constancia por escrito). Sea como fuere, el consejo de IAG decidió por unanimidad optar por el plan más duro y la propuesta de Iberia fue, por tanto, descartada.