España, a la cola de los países con leyes que favorecen la competitividad

Nuestro país ocupó el año pasado el puesto 43 en un ranking de 59, según el IEE

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Las facilidades legislativas para fomentar la competitividad no parecen estar precisamente entre las fortalezas de España. Nuestro país ocupó el año pasado el puesto 43 en un ránking de 59 países con marcos regulatorios más favorables a la competitividad de las empresas, según datos del Management Development (IMD) de Lausana, recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Por detrás de España sólo se encuentran Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Italia, Hungría, Eslovenia y Grecia. Por el contrario, el país con el marco legal que menos restringe la competitividad es Hong Kong, seguido de Singapur, Suiza, Chile, Suecia, Malasia, Canadá, Irlanda, Emiratos Árabes, Australia, Finlandia, Noruega y Qatar. Completan la lista por delante de España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, EE.UU., Israel, Alemania, Luxemburgo, Austria, Polonia, Lituania, República Checa, Bélgica y Eslovaquia.

Recuperar competitividad económica es uno de los objetivos fundamentales del Gobiernoy una de las exigencias recurrentes de Bruselas. En su reciente visita a Madrid, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, insistía en que debe ponerse fin a la «alarmante curva creciente de pérdida de empleo» en numerosos países europeos y apuntó que para ello debe combatirse la «grave pérdida de competitividad».

Hacia ese objetivo se dirige la reciente ley de Unidad de Mercado que presentó el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, una nueva normativa que aspira a solucionar la fragmentación del mercado interior, fruto de la existencia de diecisiete normativas autonómicas distintas.

La licencia única permitirá que las empresas y los profesionales que la soliciten en una comunidad autónoma puedan comercializar sus productos o prestar sus servicios en toda España sin requisitos adicionales. Según los cálculos del Ministerio de Economía, la norma permitirá reducir en un 35% las cargas administrativas para la creación de empresas y aumentar la productividad un 1,23%, lo que tendría un impacto en el PIB de 1.500 millones de euros al año durante una década. De momento, y mientras la nueva normativa surge efecto, España sigue en el pelotón de cola de la competitividad mundial.