La ruinosa máquina del derroche autonómico en Cataluña

El ruinoso «imperio empresarial», tejido minuciosamente por los sucesivos gobiernos de Cataluña, ha logrado anotarse la deuda autonómica más alta de entre todas las regiones españolas solo por sus empresas. Las compañías dependientes de las autonomías deben 12.182 millones de euros. Y de esta cantidad, más del 50% corresponde a la comunidad catalana, 6.184 millones de euros, el 3,2% de su PIB. Saldarla le costaría a cada ciudadano residente en Cataluña 825 euros.

Pero... ¿cómo ha evolucionado la creación de entes públicos en la comunidad catalana? El entramado empresarial creado por el Gobierno autonómico en los últimos años es difícil de entender o descifrar, aunque lo que más llama la atención, además de su disparatada temática, es su crecimiento y... en época de crisis. De los 459 entes públicos que tiene presupuestados el Ejecutivo de Artur Mas, 35 se crearon después del año 2008, una vez que la crisis se había instalado en España y los recortes autonómicos para cumplir con los objetivos de déficit ya estaban a la orden del día. Es el caso, fundamentalmente de consorcios, como el de la Ópera en Cataluña, el Museo del Memorial del Exilio o la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, entre otros muchos.

Al endeudamiento catalán han contribuido de forma decisiva proyectos como el de la Agencia Catalana del Agua (ACA) o un poderoso sector de los medios de comunicación encabezados por TV3 y Catalunya Radio.

ACA es una de las mayores empresas públicas catalanas, oficialmente gestiona y planifica el ciclo integral del agua, aunque pocos saben con exactitud cuál es la función concreta de esta agencia. Se trata de un monstruo burocrático creado alrededor del agua que gestiona activos por valor de 1.964 millones y una plantilla de 620 personas. ACA lleva gastados más de 200.000 euros desde 2011 en informes sobre reorganización interna y refinanciación de su deuda, que hace dos años llegó a alcanzar los 1.400 millones.

Las deudas ahogan y la Generalitat tienen entre sus planes para este año 2013 poner en venta esta empresa, al igual que una docena de inmuebles públicos y alguno de los canales de televisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Como ya informó Empresa, la Televisión de Cataluña (TVC) continúa siendo la autonómica más cara de España, como demuestran los 260 millones de recursos públicos destinados a la Corporación. TVC tiene en nómina a más de 1.800 trabajadores, una plantilla que es superior a la suma de los empleados contratados por las privadas Antena 3 y Telecinco.

Ahora, cuando no hay más dinero público que gastar o derrochar, el Gobierno de la Generalitat ha optado primero por recortar, por ejemplo, en sanidad, antes que desprenderse de algunas de sus deficitarias sociedades, o de reducir su estructura en el exterior, sus polémicas embajadas. Esta región fue, junto a País Vasco y Andalucía, la única de España que decidió mantener esas embajadas y no integrarlas en la red del Estado, como le fue ofrecido por el Ministerio de Economía.

Las embajadas que la Generalitat tiene abiertas en el exterior (oficinas en Berlín, París, Londres, Bruselas y Nueva York, y hasta hace poco, Buenos Aires) disparan también el gasto. Impulsadas por el exvicepresidente del Gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira, su gabinete no fue transparente respecto al coste que suponía para las cuentas públicas, aunque el gasto total que supusieron desde su implantación hasta el fin del Tripartito fue de 25 millones. Pero si contamos que solo los respectivos delegados tienen rango de director general, el sueldo de cada uno supera los 80.000 euros.

A ello hay que sumar los millonarios alquileres de las sedes (en París, está cerca del Arco de Triunfo y en Nueva York, en el Rockefeller Center) y los salarios de las secretarias y de las personas que componen sus plantillas. La partida destinada a «delegaciones, oficinas y misiones exteriores» de la secretaría de Asuntos Exteriores que fue reservada para el 2012 ascendió a 1,1 millones de euros.

Pero Cataluña también dispone de organismos que otras comunidades no tienen, como los consejos comarcales, una subdivisión territorial que impulsó CiU en los últimos tiempos de Gobierno de Jordi Pujol. Unos entes supramunicipales que fueron ideados con la finalidad de ejercer un contrapoder respecto a las diputaciones, especialmente a la Barcelona, controlada por los socialistas.

Los 41 consejos comarcales que existen suponen un gasto de 556 millones de euros anuales. Estos entes sólo existen en esta comunidad autónoma, en Aragón y en Castilla-León. Y solamente en Cataluña emplean a 1.050 consejeros en representación de todos los partidos. La necesidad de suprimir gastos aprieta más que nunca y el Gobierno de Cataluña se plantea suprimirlos.

Aunque la carrera ascendente del negocio de lo público ha sido generalizado en todas las regiones, Cataluña brilla con luz propia entre todas ellas. Como ejemplo decir que en 2010 sumaba más de un centenar de empresas públicas (en total en España se registraron ese año 843) edificadas durante los gobiernos de CiU y el Tripartito. Le siguieron País Vasco con 98 y Andalucía, comunidad en la que años de Gobierno socialista han construido un negocio empresarial que suma 87 empresas. Esto no quiere decir, sin embargo, que la creación de sociedades haya sido propio de los gobiernos de un determinado color político. Han proliferado empresas públicas en regiones gobernadas por todos los colores. Izquierda, derecha y nacionalistas han mostrado identico espíritu fundacional. Aunque del desenfreno empresarial no escapa a ningún partido, algunos son más activos que otros. Por ejemplo, de las 843 empresas públicas que se pusieron en pie entre 1998 y enero de 2010, el 49% lo fueron en la regiones gobernadas por el PSOE y el 29,4% en las gobernadas por el PP.

No existe tampoco ningún tipo de relación entre la tendencia ideológica de un gobierno y su propensión a crear sociedades. Ahí está, de nuevo, el caso de Cataluña. Aunque el fuerte impulso empresarial llegó con el Tripartito, previamente CiU ya había edificado un importante negocio de lo público. Para el recuerdo quedan las faraónicas desalinizadoras construidas por el expresidente de la Generalitat, José Montilla, por toda la costa catalana; en 2009 inauguró la más grande de toda Europa en El Prat.

Aunque el caso catalán es el más llamativo, no es el único. 2.400. Es el número de entes públicos autonómicos que hay en toda España, maquinas de gasto público fabricadas durante largos años de bonanza económica y descontrol autonómico en los que se pusieron en marcha, con cantidades nada desdeñables de dinero público, «grandes iniciativas», «proyectos de futuro» que con el tiempo no se han podido rentabilizar y su mantenimiento pesa como una losa en las arcas públicas, en un momento en el que combatir el déficit público se ha convertido en el objetivo número uno del Gobierno como vía para dejar atrás la crisis y comenzar a crecer.

Cataluña fue pionera en anunciar el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se aceleró el año pasado pero del que a día de hoy no se han ofrecido datos sobre número de empresas ni empleados afectados. Hasta ahora lo que sí ha hecho la Administración catalana es rebajar el salario a sus empleados en dos ocasiones, les ha quitado varios complementos, y ha restringido al mínimo imprescindible cualquier cobertura de un puesto de trabajo por jubilación o baja laboral. Además, estudia fórmulas para garantizar la viabilidad económica de TV3.

Pero si de lo que se habla es de deuda y no de recortes, el desequilibrio es común a todas las regiones. Las sociedades públicas que operan bajo el paraguas de la Administración Central acumulaban hasta septiembre pasado obligaciones por valor de 34.749 millones, la cifra global más alta desde 2000. Las alarmas se disparan todavía más si a la deuda de las empresas públicas del Estado se suma la que aglutinan las sociedades que mantienen comunidades y ayuntamientos. En total, el agujero roza ya los 56.000 millones.