El juez exige a CCM que justifique los créditos ortorgados a empresarios afines
El expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, acusó el otoño pasado en el Congreso al Banco de España y al PP de la intervención de la caja - efe

El juez exige a CCM que justifique los créditos ortorgados a empresarios afines

La entidad tendrán que aportar la información en base a la cual la Comisión Ejecutiva de la caja aprobó operaciones de crédito por más de 240 millones de euros

M. V.
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La investigación sobre la deriva de Caja Castilla-La Mancha (CCM), primera entidad en ser intervenida por el Banco de España, en marzo de 2009, continúa en el juzgado central de instrucción número 5 de Madrid. El juez Pablo Rafael Ruz ha solicitado a la entidad que aporte en el plazo de quince días la información —informes del área de riesgos, por ejemplo— que los gestores entregaron a la Comisión Ejecutiva de la entidad para justificar la aprobación de operaciones de crédito, avales y compra de participaciones por 243,85 millones de euros con otras compañías.

El juez Pablo Rafael Ruz ha requerido esa información, que figuran como anexos en las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Ejecutiva de CCM entre 2006 y 2008, «al objeto de concretar los indicios actualmente existentes, así como las conductas atribuibles a las personas responsables y que han de ser investigadas», según explica en un auto del proceso, que el magistrado abrió a raíz del informe pericial elaborado y entragado por dos inspectores del Banco de España.

Ese informe pericial, del que ya dio cuenta ABC, desvela que la caja concedió y refinanció créditos —incluso maquillando la solvencia del deudor— y adquirió participaciones —algunas de ellas en quiebra— cometiendo todo tipo de irregularidades, a través de una veintena de operaciones que ocasionaron a la entidad pérdidas por unos 260 millones de euros.

El consejo de administración de la entidad daba el visto bueno a préstamos e inversiones con escasa o ninguna información sobre la capacidad de pago del deudor, sin exigirle a este garantías ante un posible impago o concediéndole financiación en unas condiciones extremadamente beneficiosas, como unos tipos de interés por debajo del mercado, entre otras irregularidades.

Las operaciones tenían como beneficiarios a compañías como Renovalia, Negocios Urbaja, Solventia Corporativa, Inmobiliaria Colonial, Zent Inversiones, Naropa y Grupo Lábaro, entre otras. Y a empresarios como Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, la familia Fernández Fermoselle y los hermanos Barco Fernández, los antiguos «reyes del ladrillo». Todos ellos próximos a Juan Pedro Hernández Moltó y, por lo tanto, a la Junta de Castilla-La Mancha del socialista José María Barreda.