El juez exige a CCM que justifique los créditos ortorgados a empresarios afines

El juez Pablo Rafael Ruz ha requerido esa información, que figuran como anexos en las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Ejecutiva de CCM entre 2006 y 2008, «al objeto de concretar los indicios actualmente existentes, así como las conductas atribuibles a las personas responsables y que han de ser investigadas», según explica en un auto del proceso, que el magistrado abrió a raíz del informe pericial elaborado y entragado por dos inspectores del Banco de España.

Ese informe pericial, del que ya dio cuenta ABC, desvela que la caja concedió y refinanció créditos —incluso maquillando la solvencia del deudor— y adquirió participaciones —algunas de ellas en quiebra— cometiendo todo tipo de irregularidades, a través de una veintena de operaciones que ocasionaron a la entidad pérdidas por unos 260 millones de euros.

El consejo de administración de la entidad daba el visto bueno a préstamos e inversiones con escasa o ninguna información sobre la capacidad de pago del deudor, sin exigirle a este garantías ante un posible impago o concediéndole financiación en unas condiciones extremadamente beneficiosas, como unos tipos de interés por debajo del mercado, entre otras irregularidades.

Las operaciones tenían como beneficiarios a compañías como Renovalia, Negocios Urbaja, Solventia Corporativa, Inmobiliaria Colonial, Zent Inversiones, Naropa y Grupo Lábaro, entre otras. Y a empresarios como Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, la familia Fernández Fermoselle y los hermanos Barco Fernández, los antiguos «reyes del ladrillo». Todos ellos próximos a Juan Pedro Hernández Moltó y, por lo tanto, a la Junta de Castilla-La Mancha del socialista José María Barreda.