El circuito de Jerez sale del concurso de acreedores

Los acreedores privilegiados y subordinados van a cobrar íntegramente su deuda, sin quita alguna, ascendiendo este montante a 25,6 millones de euros, si bien la práctica totalidad de ese dinero irá a parar al propio Ayuntamiento de Jerez.

Entre los acreedores ordinarios, que acumulan pagos pendientes por importe de 6,7 millones, se encuentran Caixa Catalunya (4,8 millones de euros), Dorna (1,4) y la empresa municipal de recaudación (Jereyssa), a la que se le adeudan unos 300.000 euros.

A estos tres acreedores se les han ofrecido tres fórmulas de pago de la deuda. La primera de ellas consiste en la capitalización del 100 por cien de esa deuda, incorporándose o ampliando su participación en la sociedad, según los casos. La segunda opción propone una quita del 9 por ciento y el pago del 91 por ciento restante en un periodo de 18 años, con tres años de carencia respecto al principal; mientras que la tercera consiste en una quita del 70 por ciento y el pago inmediato del resto. Según ha explicado Saldaña, 'Caixa Catalunya' ha trasladado a la junta de acreedores su decisión de optar por la segunda de estas fórmulas, mientras que el resto deberá comunicar la fórmula elegida en los próximos días.

En cuanto a los créditos privilegiados se propone el pago fraccionado en cuatro años, con intereses, mediante cuotas mensuales.

Saldaña ha recordado que la solicitud del concurso de acreedores fue "una de las primeras decisiones" de calado que adoptó el gobierno presidido por María José García-Pelayo una vez comprobado que Cirjesa acumulaba una deuda de 48 millones de euros. Buena parte de esa cantidad se adeudaba a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que fue la sociedad que ejecutó las obras de remodelación del complejo deportivo.

La constructora cobró 10 millones de euros a través del plan de pago a proveedores promovido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), considerando ahora el Consistorio que no existen ya pagos pendientes con dicha sociedad, ya que al acogerse a este real decreto le impide reclamar intereses e indemnizaciones.