Fútbol / Caso Negreira

Voces, silencios y querellas: los árbitros españoles a la intemperie

El escándalo abre las costuras de un colectivo acostumbrado a vivir callados las sospechas habituales sobre sus decisiones

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En la década de 1970 había un árbitro muy conocido de Primera División, Antonio Camacho, que se ofrecía para amañar partidos. También incluía partidos dirigidos por árbitros 'limpios', que no le obligaban a hacer gestiones adicionales. El ardid era sutil: si el equipo en ... cuestión finalmente ganaba, Camacho recibía dinero en un maletín por su presunta intermediación; si el equipo no ganaba, lo devolvía (argumentando que tal o cual colegiado no había querido corromperse). Las consecuencias terminaban ahí: dinero fácil sin necesidad de hacer nada más. Informaciones periodísticas de la época se refirieron a esta trama, en la que participaban «algunos árbitros». El caso fue denunciado y archivado hasta 1975, año en que José Plaza (presidente del entonces llamado Colegio Nacional de Árbitros) lo sacó del cajón y fue retirando a los árbitros sospechosos de la circulación con suma discreción. No hubo más repercusiones.

El pasado viernes, en el estadio Martínez Valero, Sergio Martínez Mantecón, director deportivo del Elche, le dijo al colegiado Iglesias Villanueva «sois unos sinvergüenzas, hijos de puta» después de que su equipo terminase perdiendo 2-3 ante el Betis con un posible penalti a favor no señalado, dos expulsiones injustas y tres penaltis en contra. Escenas similares ocurren todas las temporadas, pero el 'caso Negreira' ha dejado más desnudo que nunca a un colectivo al que no le va a ser fácil convencer a la afición de su imparcialidad después de saberse que el Barcelona pagó más de 7 millones de euros a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 1994 y 2018. No había vuelto a verse un escándalo semejante en medio siglo, desde aquel 'caso Camacho'.

El pavor ha sido unánime, dentro y fuera del estamento arbitral: «Gravísimo», «inimaginable», «una mancha para nosotros y para la competición», «un escándalo monumental». ¿Cómo impugnar la sospecha de que hay árbitros comprados y de que (por ejemplo) los 746 días seguidos sin que al Barça le pitaran un penalti en contra (2016-2018) no tienen relación con Enríquez Negreira? ¿Es posible que el exárbitro catalán vendiera sólo informes y «humo» por tanto dinero a Gaspart, Laporta y compañía? ¿No servían esos pagos precisamente para mejorar el famoso saldo arbitral? La situación empeoró el pasado miércoles, cuando el excolegiado Albert Giménez reveló en Radio Marca que el vicepresidente del CTA trató de presionarle cuando estaba en activo. Y también recordó la existencia de ese modo sencillo y discreto de ganar dinero simulando amaños.

«A mí me presionó Negreira», afirmó tajantemente; «me reunió con otros árbitros y me dijo: 'Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado… Hay una fórmula para amañar partidos. Es una trampa de tontos: soy amigo de fulano de tal, que te va apoyar… Me das tanto y te lo soluciono. Si el resultado es negativo, se le devuelve el dinero. Si gana, queda marcado de por vida. Si pierde y devuelve el dinero, tiene otra oportunidad». Y recordó lo que sucedió con el Anderlecht belga en las semifinales de la Copa de la UEFA de 1984 ante el Nottingham Forest: «Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruceta. Enríquez Negreira era el linier«.

El pánico y el enojo cunden entre los trencillas. El CTA ha enviado a los árbitros de Primera y Segunda una carta para averiguar si han mantenido cualquier tipo de relación (por superficial que sea) con el hijo de Enríquez Negreira, Javi Enríquez Romero, 'coach', empleado de la Federación, una figura muy extraña que tenía estrecha relación con los árbitros. La querella presentada el pasado viernes por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva es el último acto, por ahora, del drama: el colegiado denuncia «ánimo de lucro e intención clara de influir en el resultado» y reclama una investigación para «defender la honorabilidad» de los colegiados. La noticia, sin embargo, ha caído mal entre sus compañeros de profesión. El conocido exárbitro Iturralde González descalificó inmediatamente la querella en la Cadena SER: «¿Con cuántos árbitros en activo ha hablado antes de interponer esta denuncia? No diga que es por el colectivo arbitral, porque estamos muy enfadados con esta acción [...] Bastante estamos aguantando como para que un Robin Hood venga a buscar un beneficio personal».

La prometida modernización del arbitraje español tras la destitución en 2018 de su presidente durante 25 años, Victoriano Sánchez Arminio, no ha terminado de resolver ni los fallos arbitrales ni las dudas sobre el eslabón más débil de la cadena futbolística; los errores de interpretación y la aplicación desigual del VAR generan borrascas mediáticas todos los fines de semana, que a buen seguro el 'çaso Negreira' no aliviará. Tampoco ha cambiado el proceso de designación de los árbitros para cada partido. En Primera y Segunda División, ya desde los tiempos de Villar, las designaciones dependían de un tridente: un representante de la Liga, un miembro consensuado entre esta y la Federación y el presidente de los árbitros (que hoy es Luis Medina Cantalejo, sucesor de Velasco Carballo, nombrado por Luis Rubiales cuando accedió a la presidencia de la RFEF).

Los salarios los paga la Liga, en virtud del canon que cobra la Federación por prestar este servicio. El control de los árbitros ha sido un capítulo tradicional de la guerra eterna entre ambas entidades. En 2014, Javier Tebas quiso instaurar una nueva figura, un delegado de la Liga que acudiría a cada partido con el objetivo de controlar el desempeño arbitral. Había habido mucho ruido en la última temporada de José Mourinho en el Madrid, y Florentino también exigía a Villar un cambio en la estructura de los árbitros. La idea de Tebas fue frenada en seco; Villar defendió la independencia federativa y amenazó con parar la competición.

Visto con perspectiva, el arbitraje español se ha modernizado muchísimo en las últimas décadas. Basta con repasar los análisis clínicos que se hacían a los colegiados de Primera una vez al año en los 80: los había que se fumaban una cajetilla de Ducados al día. No había pruebas de esfuerzo y el sobrepeso era generalizado, Todos tenían sus propias profesiones en aquella época: comerciales, médicos, abogados, policías. Hoy están profesionalizados y superan pruebas físicas bastante exigentes (2.000 metros en siete minutos y medio) cada trimestre. «Es inobjetable que están mucho mejor preparados ahora», afirma el exárbitro Soriano Aladrén.

También su remuneración ha mejorado sustancialmente (una vieja reclamación, como forma de reducir las tentaciones y las sospechas). En la década de 1990, un colegiado élite ganaba unas 120.000 pesetas (720 euros) por encuentro. Hoy los árbitros, según información de RELEVO, ganan un fijo mensual de unos 11.500 euros (la mitad los asistentes), independientemente de que arbitren o estén en la 'nevera' (por algún error grave cometido o problema de otra índole). A ese salario base se le suman diferentes cantidades adicionales, según la función que desarrollen en cada jornada: el monto total puede superar los 300.000 euros brutos anuales (casi el doble de lo que ganaban antes de la llegada de Velasco Carballo y Rubiales).

Por pitar un partido de Primera, un colegiado cobra unos 4.200 euros. Por estar en la sala VAR, la mitad. Los desplazamientos, alojamientos y dietas corren también a cuenta de la Liga (las árbitras de la Liga Femenina han aumentado sus emolumentos hasta los 25.000 euros anuales). El arbitraje español, cabe reconocer, tiene una buena valoración internacional: hay diez representantes en competiciones internacionales (el cupo máximo). La edad de retirada obligatoria son 45 años.

La rumorología sobre fraudes arbitrales es tan antigua como el fútbol. Pero cuando surgen casos de este tipo, resulta muy complicado parar el terremoto. Para empezar, es prácticamente imposible probar la compra de árbitros: «Ha pasado mucho tiempo y es muy difícil», según confirman fuentes policiales a ABC. Entre los colegiados existe, sin embargo, un amplio consenso sobre la inocencia del gremio, en la línea de unas recientes declaraciones del exárbitro Ansuátegui Roca: «Enríquez Negreira es un sinvergüenza que ha vendido humo, y unos incautos se lo han comprado a precio de oro. Si me hubieran dicho de estos cuatro quién hubiera podido hacer una cosa como esta, yo hubiera acertado. Si alguien podía hacer algo así, era él«.

Úno de los árbitros menos queridos por el madridismo, Alejandro Hernández Hernández, afirmó hace un par de años que recibía llamadas de Enríquez Negreira durante sus vacaciones. Pero lo cierto es que no hay prueba alguna de compra de voluntades. «Este impresentable ha estafado y vendido humo», corrobora otro importante directivo. «La mancha alcanza a Villar… ¿Cómo puede ser que Negreira metiese en la Federación a su hijo? ¿Nadie controlaba? ¿Y esos burofaxes con amenazas? Negreira es un estafador y Juan Rubiales [sobrino de Luis Rubiales y antigua mano derecha suya, hoy enemistados] hizo bien en mandarle a la mierda. Es un delincuente, un clásico ejemplo de nuestra picaresca que ha causado un daño irreprochable. Pero llevar en coche a los árbitros al estadio no es comprar árbitros. Yo no conozco árbitros a los que se los invite a un safari, como hacen muchos laboratorios con médicos de la sanidad pública. Los árbitros españoles son honrados, y esto les va a dejar marcados durante años. Se les está calificando de delincuentes. Es gravísimo«.

Cuando el Barça cortó el grifo a Enríquez Negreira, éste reclamó dinero al club catalán «después de tantos años de favores prestados» y señaló explícitamente al «Sr. Laporta». En otro burofax, reclamó pagos atrasados y manifestó que prestó «servicios por indicación de los presidentes». Los árbitros se preguntan cómo pudo Negreira «engañar» de esa manera al Barcelona: «Casi todos los clubes contratan a un exárbitro como delegado o experto, pero su función es informar sobre las características de los árbitros y los cambios de normas, mantener buenas relaciones, nada más». El caso podría acabar desuniendo a un colectivo que siempre cerró filas y se llamó al silencio, comandado con pulso y discreción por Sánchez-Arminio durante un cuarto de siglo. Las declaraciones de Iturralde contra Estrada son una anomalía en la historia de los árbitros. También que aparezca la exmujer de Negreira (y madre del 'coach' Enríquez), María Luisa Romero, a decir que el exárbitro «no manda un burofax amenazando si no tuviese un as en la manga» (a OK Diario). «Hay muchos Toni Cantós que están rajando mucho y haciendo muy poco«, afirma Soriano Aladrén, »llegando casi al insulto. Pero no se analiza ni cuándo, ni cómo pasó esto, ni quiénes fueron los partícipes. Que entre de lleno la Fiscalía, si no será difícil salir de esta situación«.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación por un presunto delito de corrupción entre particulares, a la que se sumaría la Liga como acusación particular si prosperase. Los plazos de prescripción apremian mientras los medios de comunicación apuntan crecientemente hacia Ángel María Villar, que espera en silencio a la conclusión de la instrucción de la 'Operación Soule' después de seis años, y a Sánchez Arminio, refugiado en el mutismo que ordenó a los colegiados durante su largo mandato. «Confío en que en este momento no hay corrupción aquí ni en Italia», dijo esta semana Carlo Ancelotti, sugiriendo que la ha habido en ambos países. Algunas de las cosas que antes pasaban ya no suceden, porque ahora hay cámaras en todos lados. Pero los vídeos llenos de errores arbitrales groseros que circulan estos días por redes convencen de lo contrario a millones de aficionados que siguen sin comprender –aunque haya razones políticas y económicas para ello– que el Madrid también guarde silencio y se limite a «respetar los tiempos de la justicia».

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